Bañuls reclamará un informe que detalle el alcance de las consecuencias del fallo

La primera reacción que ha tenido el equipo de gobierno de Charo Bañuls es tratar de medir las consecuencias de la sentencia que anula la composición del gobierno del 2011. En este sentido, el grupo del PP va a reclamar al juez de Lo Contencioso que detalle las acciones que debe emprender el Ayuntamiento de Bigastro, porque el magistrado solo declara «la nulidad de los anteriores actos por ser contrarios a derecho», precisa la primer edil.

Con esta escueta frase se cierra el fallo que no amplía las decisiones que debe tomar el gobierno bigastrense. En este sentido, Bañuls dijo que no se le ha notificado «de manera oficial la sentencia, pero vamos a pedir una aclaración». Una vez que se acote el fallo se tomará la decisión de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana si hiciera falta.

Para la popular «no se pueden considerar todos los acuerdos posteriores como nulos, porque se han tomado muchas decisiones desde aquel Pleno», y recalcó que «es muy difícil anular las facturas aprobadas por el tesorero en la presente legislatura». Bañuls hace hincapié en que durante ese periodo el secretario, Antonio Saseta, había abandonado el Consistorio y que el gobierno municipal tuvo que nombrar a un funcionario como secretario accidental. Por ello, solicitó comprensión a la oposición antes de la celebración de esta convocatoria plenaria porque «no era necesaria la inclusión de muchos expedientes porque era el Pleno organizativo, todo eran propuestas».

Para el PP «los socialistas casi nunca habían convocado en tiempo los plenos cuando ellos gobernaban, pero lo han querido así». Esta argumentación la rechaza por completo el magistrado de la sala, donde reprueba la política del «y tú más».

Por su parte, el exteniente de alcalde, Aurelio Murcia, recordó que fue a declarar a Lo Contencioso al Palacio de Justicia de Elche y que no comparte la resolución judicial. No obstante, considera que «la señora Bañuls debería devolver el triple de lo que ha ingresado porque su sueldo no se lo ha ganado».

Hasta el momento lo cobrado por la primer edil de las arcas municipales asciende a 84.000 euros, una cifra que para Murcia «está por debajo del valor real porque hay que sumar el impuesto del IRPF y la Seguridad Social, con lo que esta cifra aumenta más de 40%».

En cualquier caso, para el portavoz de Unión Popular «el juez no tomó en consideración ninguna de las circunstancias especiales, como que teníamos un secretario accidental, que lo nombró la alcaldesa». Para Murcia muchos de los puntos del Pleno de hace tres años solo eran meras propuestas para organizar la vida política como la periodicidad de las sesiones, de las Juntas de Gobierno o los representantes locales en los órganos supramunicipales.