Los abogados exigen que se mantenga la justicia gratuita y rechazan la ley

El Colegio de Abogados oriolano se sumó ayer a las críticas vertidas a nivel autonómico y nacional contra el anteproyecto de ley de justicia gratuita que ya se tramita en el Congreso de Los Diputados. El descontento entre los letrados ante esta norma que consideran que perjudica a los ciudadanos al tiempo que no dignifica su profesión, en especial la de aquellos que atienden el turno de oficio, llevó a celebrar ayer una intensa jornada en la sede colegial, ya que en primer lugar se realizó una mesa redonda para hablar sobre el citado proyecto de ley, con presencia de representantes de la Agrupación de Jóvenes Abogados y la Confederación Española Abogados Jóvenes, y después tuvo lugar una asamblea en la que se dieron a conocer las medidas acordadas a nivel autonómico dada la situación en la que se encuentran los letrados del turno de oficio, quienes en estos momentos acumulan seis meses sin cobrar pese a que se rebajó en un 40% el baremo que fija sus retribuciones con la excusa, precisamente, de que esto ayudaría a que se pagara lo que se les debía.

El decano del Colegio de Abogados de Orihuela, Manuel Almarcha, aseguró que la ley que plantea el ministro Gallardón pierde la oportunidad de mejorar el servicio «y se perjudica al ciudadano al rebajar el umbral económico para acceder a la justicia gratuita». Al mismo tiempo precisó que no se garantiza la financiación pública para mantener este servicio y se duplican las tramitaciones, lo que en lugar de agilizar solo conseguirá ralentizar aún más los trámites. La institución mostró así su oposición a esta normativa que entendieron que debería quedar derogada en lugar de continuar con su tramitación, pese a lo cual se presentan enmiendas a través del Consejo de la Abogacía que esperan que se tengan en cuenta.

Por su parte, Charo Marco y Milagros Lacárcel dieron cuenta de las medidas adoptadas por los colegios valencianos ante la situación del turno de oficio. De ellas se informó también a la asamblea para que los letrados tengan en cuenta las actuaciones a llevar a cabo, ya que al margen de la deuda que la Generalitat acumula con ellos, el proyecto de la nueva ley «no garantiza que los abogados puedan cobrar por sus actuaciones ni que se les pague de forma digna», afirmó Lacárcel.

El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados tiene previsto, de este modo, reclamar al Consell la implantación del expediente electrónico para tramitar todos los procedimientos, algo que se ha puesto en marcha por parte de los letrados pero no por la administración autonómica, y creen que podrían abaratarse los costes. Los abogados también recogerán firmas para modificar la normativa que regula el turno de oficio y reclamarán que se garantice el derechos de defensa y la continuidad de la justicia gratuita asumiendo su coste las arcas públicas. Asimismo reclamarán los intereses de demora en el cobro de sus retribuciones y pedirán que la recaudación de las tasas judiciales vaya a mejorar el sistema «porque no se está haciendo».

Los colegios formalizarán un recurso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que ratifica la bajada de sus baremos y una queja a la Defensora del Pueblo. Por último recomiendan a sus colegiados que no pongan de su dinero a la hora de tramitar procedimientos».