¿Gestar para otros?
La regulación no puede impedir que los españoles que lo deseen consigan ser padres mediante la maternidad subrogada internacional
El pasado mes de septiembre Reem Alsalem, la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas del Consejo de Derechos Humanos, denunció ... en la Asamblea General de Naciones Unidas «la mercantilización y cosificación desenfrenada de las mujeres y las niñas. Sus cuerpos, su sexualidad e incluso sus funciones reproductivas se han convertido en productos de compra y venta, creando un sentimiento de derecho y control patriarcal». Entre esas formas de violencia hacía referencia a las que tienen lugar en la maternidad subrogada, es decir, cuando unas personas encargan a una mujer que geste un hijo para ellas.
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El discurso de la relatora se hacía eco del informe sobre este asunto que había publicado tres meses antes y cuya conclusión no podía ser más contundente: «La práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños... Asimismo, refuerza las normas patriarcales al mercantilizar y cosificar el cuerpo de las mujeres y exponer a las madres sustitutas y los niños a graves violaciones de los derechos humanos». Por ello, el informe recomienda «avanzar hacia la erradicación de la reproducción subrogada en todas sus formas, a escala internacional». Y para lograrlo, pide a los Estados que aprueben «un instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíba todas las formas de reproducción subrogada». Es interesante hacer notar que años antes, en 2017, el Comité de Bioética de España ya se manifestó en este sentido, al proponer al gobierno español que impulsara un convenio para la prohibición universal de la maternidad subrogada internacional.
En España está prohibido acordar con una mujer que geste un bebé para que otros sean sus padres. La ley dice claramente que la madre siempre será la que dé a luz y que todo contrato de maternidad subrogada será nulo. Ahora bien, hace unos años se suscitó un intenso debate social y político sobre si esa norma se debía cambiar. De hecho, el grupo parlamentario de Ciudadanos presentó dos iniciativas legislativas en ese sentido, aunque finalmente no llegaron a tramitarse. En 2023 el debate quedó zanjado, al menos por el momento, cuando el actual gobierno, al reformar la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva, no solo mantuvo la prohibición de la maternidad subrogada, sino que incrementó las dificultades para que los españoles pudieran ser padres por esa vía en el extranjero.
Este mercado de la maternidad subrogada mueve algo más de veinte mil millones de euros
A pesar de estas medidas, la regulación vigente no puede impedir de manera absoluta que los españoles que lo deseen consigan ser padres mediante la maternidad subrogada internacional. Me explico. Si yo me voy a California o a México y contrato a una mujer para que geste un bebé fecundado con mi esperma, cuando llegue a España con el bebé no podré inscribirlo directamente como hijo mío en el Registro Civil. Pero podré exigir, prueba de paternidad mediante, que sea reconocido como mi hijo. Y si tengo pareja, ella podrá reclamar la maternidad por adopción. Nos encontramos así con que, si uno tiene recursos, podrá ir al extranjero para alcanzar la ansiada paternidad. Para ello, se servirá de una mujer, por lo general joven y con escasos recursos, a la que podrá controlar su embarazo y exigir que renuncie a cualquier derecho sobre su hijo desde antes del mismo nacimiento. Y todo ello a cambio de una cantidad económica generalmente modesta. Este modo de proceder no solo conduce fácilmente a la explotación de las mujeres gestantes, sino que somete al niño nacido de esta manera a la abrupta separación de la mujer que lo parió y a un prolongado periodo de inseguridad jurídica sobre su filiación.
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Si nos atenemos a las previsiones acerca de la evolución del mercado de la maternidad subrogada, no hay motivos para pensar que este estado de cosas vaya a cambiar. Actualmente, este mercado mueve algo más de veinte mil millones de euros y se estima que, para 2030, el volumen de negocio pueda multiplicarse por tres y llegar a más de sesenta mil millones. Cuando, como sucede en el presente, se acepta por amplios sectores de la sociedad que la reproducción humana pueda someterse a las leyes del mercado, las posibilidades de acabar con la maternidad subrogada caen en picado. Más aún si tenemos en cuenta otros factores como la fertilidad tardía (la procreación sigue retrasándose), el incremento de los diagnósticos de esterilidad, la creciente aceptación social de modelos de familia no convencionales, o el turismo reproductivo (que busca países donde llevar a cabo estos contratos de maternidad subrogada de forma segura y económica).
Por todo ello, en los próximos años tendrá lugar una dura pugna entre quienes invocan la libertad individual para permitir la maternidad subrogada y quienes sostienen que es imposible recurrir a ella sin la explotación de las mujeres. En las últimas décadas hemos asistido a un avance, inédito en la historia de la humanidad, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de los niños. Es un logro colectivo del que podemos sentirnos orgullosos. Pero todavía queda mucho por hacer. Y para seguir avanzando parece imprescindible reconocer la violencia estructural que la maternidad subrogada ejerce sobre la mujer y el niño, y adoptar medidas verdaderamente eficaces para acabar con esta práctica. El primer paso, y quizá el más importante, es denunciar el marco cultural dominante, que legitima la instrumentalización de la mujer, al rebajar su cuerpo y su facultad gestacional a la condición de bien de mercado.
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