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Una bofetada con lección incluida

La Moncloa lleva años empujando los límites de lo tolerable

Viernes, 21 de noviembre 2025, 23:34

La jugada de tratar al Fiscal General del Estado como un ministro más del Gobierno ha terminado por estallarle en las manos a Pedro Sánchez. ... Tanto exceso público en el apoyo y defensa de Álvaro García Ortiz ha acabado por convertir al ahora inhabilitado en un soldado más del sanchismo, despojado de la distancia y la neutralidad imprescindibles para representar a un órgano que exige, ante todo, independencia y respeto por la separación de poderes.

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Pero la cuestión va más allá de un fiscal desacreditado: revela un patrón. El jefe del Gobierno no solo ha tensado al máximo la figura del FGE, sino que lo ha integrándolo de facto en la estructura política del Ejecutivo, como si fuera un apéndice más del Consejo de Ministros. Y ese es el problema nuclear: cuando se confunde la autoridad institucional con obediencia partidista, desaparecen los contrapesos y los diques de contención y todo el sistema se resquebraja. La condena de la más alta instancia del Poder Judicial no señala solo a un funcionario, coloca en el foco a la tentación permanente de Sánchez de poner la arquitectura del Estado a su servicio personal.

La inhabilitación de García Ortiz cabe verse como una consecuencia lógica de una forma de gobernar. La Moncloa lleva años empujando los límites de lo tolerable, colonizando entidades y erigiendo una red de lealtades personales donde antes había independencia profesional. La Fiscalía es solo el ejemplo más descarnado de cómo se pretende utilizar un organismo independiente para apuntalar el relato gubernamental y de paso emplear la maquinaria en hostigar a los rivales políticos.

En ese marco, este caso es un aviso severo: cuando se fuerza a una institución a practicar la sumisión política, termina cayendo y erosionando de paso, a todo el andamiaje estatal. Lo dictado por el Supremo es, de algún modo, el recordatorio de que la estructura constitucional todavía conserva mecanismos de resistencia. No obstante sería ingenuo pensar que el episodio bastará para frenar la pulsión intervencionista del sanchismo. El mismo que convirtió al titular de la acusación pública en el «ministro 23» es el que ha llevado a la ocupación paulatina de organismos técnicamente imparciales como el CIS, el Tribunal Constitucional, el Consejo -máximo órgano consultivo- o la CNMC. La lección, por tanto, no es jurídica: es política

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Mientras el equipo de opinión sincronizada se empeña en presentar al Alto Tribunal como una criatura manipulada por la derecha, lo cierto es que un fallo así debería interpretarse como una señal inequívoca de que, por encima de toda propaganda, todos somos iguales ante la ley. Sánchez haría bien en tomar nota de esa evidencia y prepararse para lo que viene, con varias causas judiciales que rodean a su entorno familiar.

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