Hace ya unos años, servidor de ustedes cubría la primera reunión de la Junta Directiva del Partido Popular de la Comunidad Valenciana de la era ... post Francisco Camps. Todo lo que tenía que pasar había pasado ya, es decir, Camps había dimitido como president de la Generalitat, también como máximo dirigente del partido. El cónclave se celebraba en un hotel de la playa de Gandía un viernes por la tarde y, como la cosa se alargó más de lo previsto, se sacó un pequeño piscolabis a modo de cena para asistentes e informadores.
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Y el pequeño refrigerio fue, en verdad, pequeño y malo. Apenas salimos a una pulguita de pan por barba, un agua o un refresco. En aquel momento, un colega cuyo medio le había dedicado más de un centenar de portadas a Camps y no precisamente en términos elogiosos, comentó en uno de los corrillos donde nos repartíamos tan magra cena -con tono de broma, evidentemente-que quizá se habían equivocado en su afán de derribar al presidente porque estaba fuera de toda discusión que con 'El Bigotes', los caterings del Partido Popular eran mucho mejores.
Una vez ha dimitido Carlos Mazón y vista la lista de personaciones en la causa de la dana del juzgado de Catarroja, digo yo si el Partido Popular no se estará equivocando al negar su apoyo a la aprobación de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -la famosa Ley Bolaños- que, entre otras cosas, limita la figura de la acusación popular y excluye de ella a partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculadas a ellos y especifica que para que una entidad pueda ejercer esta función, debe tener una vinculación legítima con el caso.
Con el anteproyecto de ley en la mano, en la causa de la dana sólo se permitiría la personación de tres entidades -las asociaciones que se han conformado- y dejaría fuera, precisamente, a las que más ruido están haciendo empezando por el PSOE -consejos vendo- terminando por Acció Cultural del País Valencià, -sobre la cual estaría bien que la jueza explicara el interés legítimo de esta asociación más allá del cabreo que deben llevar contra el Consell por haberse quedado sin subvenciones- y pasando por el fantasmagórico Ciudadanos y los 32 concejales que le quedan en toda la Comunidad Valenciana, ninguno de ellos, por cierto, en municipios de la zona cero o los todavía más espectrales de Podemos, que son seis entre las tres provincias. Así las cosas, la personación de Compromís y Vox me parece de lo más legítima, visto lo visto.
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Peor pinta tiene lo de sindicatos como la CGT, doblemente representada por su federación estatal y la local, por si no querías caldo o la Intersindical, que es una de las entidades que ha firmado, cada mes, la solicitud de permiso para las manifestaciones ante la siempre complaciente Delegación del Gobierno.
Ante tal avispero político, jurídico y sindical ¿es razonable pensar que la causa de la dana cumplirá su cometido? No quiero ser aguafiestas, pero, tras casi tres décadas en este extraño negocio, sé que cuando la política se cuela donde no debería estar, la cosa suele terminar mal. Y la mayor parte de las veces, muy mal.
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