Dejarse utilizar

Esta semana se ha dejado ver Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea y ministra que fue para la Transición Ecológica. Lo de que se ... ha dejado ver es un decir, porque no es que la dirigente socialista se haya acercado a Paiporta, Picanya, Chiva o Benetússer, municipios que no se ha dignado visitar desde hace más de un año, cuando la dana los arrasó. Ribera participó en un acto organizado por los socialistas europeos en la Eurocámara. Y aprovechó para reconocer errores de planificación en el Poyo y la Saleta, dos de los barrancos que más daño hicieron el 29 de octubre de 2024. Lástima que haya esperado tanto para reconocer lo obvio. Ribera pudo saludar en Bruselas a representantes de algunas de las asociaciones de víctimas de la dana que, en contra de lo que podría suponerse, han dado por bueno ese relato que limita toda la responsabilidad de lo ocurrido hace un año a la administración autonómica, sin señalar ni por asomo a ninguna otra administración. No consta un solo reproche a la acción de la exministra por parte de estas asociaciones, ni por acción ni por omisión. Ni siquiera, por el hecho de no haber llegado a pisar ni una sola vez la zona cero de la dana. Las víctimas y sus familiares, se ha dicho mil veces y así será para siempre, merecen no sólo el respeto y la consideración unánime, sino también que la exigencia de responsabilidades por lo ocurrido no se detenga. Pero algunas declaraciones podrían hacer pensar que la legítima búsqueda de la verdad puede acabar convertida en mera herramienta de agitación política. A algunas representantes de las asociaciones de víctimas se les ha oído exigir la celebración de elecciones anticipadas, en la línea del 'volem votar' con el que el PSPV o Compromís tratan de presionar -sin éxito- para que los valencianos sean llamados a las urnas. Ignoro en qué medida unas elecciones anticipadas servirían para aliviar el dolor de los damnificados o para acelerar la llegada de ayudas. Lo que sí resulta llamativo es que la reivindicación de una cita con las urnas se pueda aplicar al Gobierno valenciano, y no en cambio al que preside Pedro Sánchez, siendo obvio que en el primero puede haber una mayoría parlamentaria suficiente para elegir nuevo presidente y seguir adelante con la legislatura, mientras que el otro no dispone siquiera de los apoyos parlamentarios suficientes como para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que, por cierto, permitirían aumentar las ayudas a los damnificados. Hasta estas asociaciones deberían detectar el intento de algunos partidos de vampirizarlas. El peligro de que las asociaciones de víctimas acaben desdibujadas como mero elemento de agitación al servicio de un partido político debería de hacer reflexionar a sus integrantes. Existe una evidente unidad de acción entre PSOE y Compromís y algunas asociaciones de víctimas. Y esa situación tiene dos efectos: por un lado, deslegitima a las víctimas en general, ya que las prioridades de Diana Morant (la misma que tiene el cuajo de admitir que no le quiso coger el teléfono a Gan Pampols) o Joan Baldoví parecen anteponerse a las de las víctimas en su conjunto. Si una asociación, cualquiera, quiere ser apolítica, no se abraza a Morant o a Baldoví. Y por otro lado, al otorgar a las asociaciones de víctimas un papel político predominante, estamos cuestionando el modelo democrático. Porque los Gobiernos, en una democracia, los elegimos todos los ciudadanos, no unos pocos en función de criterios ajenos a la democracia. Que alguien sea pariente de alguien ahogado o que haya perdido el coche no le da mayor valor a su criterio político, por mucho que sea el cariño que todos los valencianos le brindamos de forma permanente.