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IVÁN ARLANDIS
Opinión

Valencia, ciudad mercancía

Mientras en el ayuntamiento siguen entusiasmados contando los turistas que llegan a la ciudad y resolviendo a porrazos los desmanes del ocio nocturno en la vía pública, la boyante industria del turismo al vecindario se nos atraganta.

Antonio Cassola (Federación de Vecinos de Valencia)

Lunes, 10 de junio 2024, 00:24

La mayor oferta de alojamiento hotelero en la ciudad, los apartamentos turísticos, en gran medida opera al margen de las normas urbanísticas, y sigue, a ... pesar de la moratoria, con un crecimiento sostenido que literalmente devora la oferta del alquiler de vivienda residencial y al pequeño comercio.

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La cacareada acción inspectora municipal que debería impedir los usos hoteleros en viviendas residenciales resulta más mediática que efectiva, y las supuestas sanciones, insistimos, inexistentes. Lo único cierto es que con o sin permiso, las obras para apartamentos turísticos continúan e invaden casi todos los barrios disponiendo a su antojo de los bienes y derechos de las comunidades de propietarios ante la indiferencia municipal.

Pero no solo las viviendas son objeto de especulación, el valor del suelo se ve igualmente alterado por la presión inmobiliaria y la facilidad con que se conceden los cambios de uso de residencial a terciario hotelero, haya o no inquilinos de por medio. La gentrificación turística es el gran tema de la ciudad por ello cabe pensar que la moratoria recientemente decretada servirá de bien poco si no va acompañada de otras medidas.

Las consecuencias de una promoción turística enloquecida subvencionado vuelos y paellas por medio mundo y la falta de planificación de la llegada de visitantes, las acabamos pagando los residentes por partida doble: con las campañas de promoción hechas con dinero público y con las subidas de precio de la vivienda.

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La alta rentabilidad que promete la industria del turismo lleva a lomos un fenómeno especulativo que, como siempre, enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría: Son ciudadanos extranjeros quienes compran la mayor parte de las nuevas viviendas del Cabañal, son fondos de inversión los compradores mayoritarios de viviendas en el PAI de Patraix. Algo no se está haciendo bien cuando los jóvenes o los estudiantes no encuentran vivienda asequible en la ciudad.

El derecho a la vivienda es papel mojado como consecuencia de la especulación que gira alrededor de la industria del turismo y la falta de determinación del ayuntamiento para hacerle frente. No es el único factor de este déficit, ya había antes de la llegada del turismo de masas una endémica falta de vivienda pública, pero contener esta avalancha ahora es el más determinante para frenar la burbuja inmobiliaria que arrastra.

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Terrazas en las calles

El espacio público, la calle, lleva el mismo camino de mercantilización desbocada, de transformación en mercancía, acosada por la explotación comercial y las terrazas de la hostelería.

La calle se privatiza, se monetariza, se convierte en una fuente de valor económico que prevalece sobre su valor social. Los bancos para sentarse, los árboles, incluso las fuentes públicas, desaparecen de un día para otro, pues restan oportunidad de beneficio a pesar de que puedan ser socialmente más útiles y necesarios.

En las zonas saturadas de terrazas, los viandantes solo cuentan con el mínimo derecho legal de paso de 1.80m de acera, el resto del espacio sea acera, plaza o jardín, es explotado comercialmente y ocupado de lado a lado. Así es como gestiona el ayuntamiento el espacio público en la ciudad y son numerosos los ejemplos con los que nos tropezamos diariamente de uso comercial abusivo de la calle.

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No todo el espacio público es privatizable, hay un límite y ese límite no está en garantizar a los peatones el mínimo legal de derecho de paso, límite que viene aplicando el ayuntamiento como norma, aunque no le obliguen a ello las ordenanzas.

La calle no es solo para transitar, también es lugar de encuentro, de libre intercambio social, incluso de descanso y estos usos no deben ser «de pago». En las zonas saturadas, al menos el 50% del espacio peatonal disponible debería garantizarse de uso público y libre de usos comerciales, así es como se señala en el PEP (Plan Especial de Protección) de Ciutat Vella de 2020, un ejemplo que habría que tener en cuenta.

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No solo el tamaño, también la capacidad de las terrazas, el aforo, tiene un límite. Hay sitios que para para sentarte tienes que pedir que se levante o que te deje pasar la persona de la mesa de al lado. El número de sillas debe venir fijado por un aforo máximo según el tamaño de la ocupación, como ocurre con el aforo en el interior del local. Ya que se hace un uso lucrativo de la calle al menos que sea con seguridad y con derechos para los «clientes».

La explotación comercial del espacio público debe atenerse a unas reglas de sostenibilidad social que tengan en cuenta su impacto en el entorno, pero hay en la hostelería quien todavía se escandaliza cada vez que oye hablar del tema.

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Transformar la calle a modo de patio de recreo del local es otra forma recurrente de uso abusivo del espacio público de la que nadie se hace responsable y que, por lo general, se acaba resolviendo a porrazos cuando las cosas se tuercen como consecuencia, dicen, de las conductas incívicas de las personas. El responsable del local se desentiende de lo que en la calle provoca su actividad y el ayuntamiento pasa de considerar que hay actividades con aforos y horarios en lugares inadecuados.

Para el Ayuntamiento, las molestias por ruido, vandalismo y suciedad que sufren los residentes son solo efectos colaterales del santo ejercicio de libre empresa. El derecho al descanso, a la intimidad, a la salud queda supeditado una vez más al ocio que crece de la mano del turismo.

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Contaminación acústica

El ruido es también otra forma de apropiación abusiva del espacio público, otra manifestación de la misma mercantilización que sufre la ciudad. Hoy cualquier ocasión es buena para inundar sin límite de decibelios una plaza y las viviendas de las calles aledañas hasta las 4 de la mañana. Es la fiesta! dicen, pero no, es el negocio.

Emitir más de 80 db de forma continuada durante varias horas en la vía pública fuera del ámbito destinado a la fiesta no debería estar permitido en ningún caso. Pero ya se sabe, contra más ruido más copas se sirven. Frente al todo vale los limitadores de sonido son una garantía que protege la salud del público y la del vecindario y por lo tanto exigibles en todo tipo de eventos con ambientación musical, sean o no falleros. Debería estar fuera de discusión su necesidad.

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Con la cifra récord de 4.000 terrazas hemos llegado al año del nuevo ciclo marcado por la alcaldesa MJ Catalá y durante este tiempo, digámoslo claramente, no se ha hecho más divagar y hablar de generalidades. Un año más perdido en la recuperación de la ciudad para su ciudadanía.

Todas las ciudades del mundo tocadas por la gracia del turismo de masas están adoptando medidas drásticas para contener la especulación inmobiliaria y la mercantilización de la vida ciudadana, València no debería ser menos. Algo habrá que hacer pues.

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