La exconcejal de Benitatxell recurrirá al Supremo la condena de más de dos años de prisión

«No pienso parar porque no quiero llevar sobre mis espaldas esa mancha«, recalcó. La exconcejal, que militó primero en las filas de Partido Popular y después encabezó un grupo independiente, quiso dejar claro que llevará la lucha por su inocencia hasta donde haga falta. Según dijo, «si es necesario iré a Estrasburgo, ya que yo no hecho nada».

En su opinión, la han usado como «chivo expiatorio». El motivo, según adujo, es que «resulta más llamativo culpar a un político» que a un funcionario o a otra persona que no es tan visible como alguien que ostenta algún cargo en una corporación municipal. «Y que por descarte tenga que ser yo, pues no», insistió.

En ese sentido, García hizo hincapié en que «de qué me servía a mí falsificar nada». Es más, apuntó que se deberían hacer pruebas periciales a todos los que están en el Ayuntamiento de Benitatxell para averiguar quién es el culpable de las falsificaciones.

En cuanto su abogado presente el recurso ante el Supremo, la exedil confía en que el tribunal se pronuncie pronto. Según indicó, en poco tiempo podría obtener respuesta.

García espera que ese nuevo dictamen le dé la razón y así poder aparcar de una vez el tema, que tanto le está afectando. Al respecto, se pregunta que «con el daño que me han hecho, quién me va a dar trabajo».

Cabe recordar que la exconcejal acudió a declarar a finales del pasado año, en el mes de diciembre. La semana pasada la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante emitió su fallo y condenó a la fuera concejal de Benitatxell hasta 2019 a dos años, tres meses y un día de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Además declaró su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años y le impuso una multa de algo más de 1.800 euros. En cambio, la absolvió de los delitos de estafa agravada y de prevaricación.

En esa sentencia también imponían 10 meses y 16 días de cárcel al constructor Francisco Bolufer por falsedad en documento público.

En su argumentación, el dictamen judicial recoge como hecho probado que en 2010, y siendo teniente de alcalde, Nieves García y el constructor se habían puesto de acuerdo para elaborar una serie de endosos relativos a obras públicas del ayuntamiento y los presentaron a varias entidades bancarias. Los documentos estaban firmados por García, aunque «no tenía competencias delegadas en materia de obras públicas». En todos los casos aparecía el sello de la alcaldía y algunos «contenían una firma simulada que pretendía ser la del secretario-interventor». Este último denunció en 2011 la falsificación de su firma en endosos y pagos de obras por un importe superior a los 500.000 euros.