Una denuncia fallida de la consellera Rosa Pérez cuesta 30.500 euros a las arcas de Catarroja

Cerca de 30.500 euros es la cantidad que tendrá que abonar el Ayuntamiento de Catarroja por la denuncia fallida de la ahora consellera de Trasparencia, Rosa Pérez Garijo, cuando era concejala de EU y el edil de esta formación, Dani Portillo. Ambos pusieron en manos de los tribunales en 2014 una presunta trama de prevaricación administrativa en la contratación de personal «en fraude de ley» entre 2003 y 2011, de la que responsabilizaba a todo el equipo de gobierno del PP y a la anterior alcaldesa, de Unió Valenciana, Mari Ángeles López Sargues.

El juzgado de instrucción número de 3 de Catarroja archivó, en 2019 la denuncia contra ellos definitivamente. En esos cuatro años, la jueza lo hizo hasta en tres ocasiones y se volvió a abrir dos más por la Audiencia. Finalmente, la demandante, Rosa Pérez, que actuó como acusación particular, no recurrió y se cerró el caso al «no encontrar elementos tipificados como penales».

Los imputados eran la exalcaldesa, Soledad Ramón, Rafael Sanchís, Miguel Francisco Martínez, Agustín Mimbrera, Sandra Alfonso, David Nácher, Vicente Comos y Sigfrido Fernando. También se nombraba a la anterior alcaldesa del cuatripartito, Mari Ángeles López, de UV.

La primera en exigir al Consistorio el coste de su defensa fue López, con una factura de casi 5.500 euros, porque había sido acusada como representante municipal, y ahora se han reclamado las minutas de los ocho abogados del resto de denunciados junto a ella que ascienden a un coste de cerca de 30.000 euros en global que tendrán que asumir las arcas municipales.

La causa que constaba en la denuncia fue «la sistemática contratación temporal en fraude de ley», que «se saldó en diciembre de 2012 con 43 despidos y la privatización de servicios». Siete demandaron al Ayuntamiento, que fue condenado al pago de 115.854 euros en indemnizaciones.

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