La presidenta del puerto de Valencia soslaya las polémicas: «Tengo la conciencia tranquila»
Chao califica la investigación del Tribunal de Cuentas de «tramitación ordinaria» y defiende que la contratación de personal se realiza con los estándares de calidad
La presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, ha rebajado la gravedad de las distintas polémicas que sobrevuelan a la entidad pública. ... La investigación abierta por parte del Tribunal de Cuentas a raíz de unas dietas para esclarecer si se ha producido alcance contable y malversación de fondos; los informes de Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que plantean la posible irregularidad en la contratación y selección de directivos; o la marcha de varios miembros del equipo directivo, como el anterior director general, Enrique Belda, han puesto el foco en los últimos meses sobre la gestión del que es el cuarto puerto de Europa y el primero de España en conectividad marítima. Así que Chao ha optado este jueves, tras la presentación del plan Net Zero Emissions, por salir al paso para defenderse de cada una de las polémicas.
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«Tengo la conciencia tremendamente tranquila» es la frase que resume la posición de la presidenta. Chao accedió a la presidencia a finales de septiembre de 2023 y, tal y como ha recordado durante su intervención, se estrenó «con un consejo de administración en el que entró la Policía Nacional a imputar penalmente a los consejeros», aunque la querella fue finalmente archivada. Por ello, reivindica que su gestión se ha centrado en trabajar para «darle la vuelta a esta situación y a los proyectos que estaban paralizados», en referencia a la ampliación de la terminal norte, entre otras cuestiones.
Respecto a la investigación del Tribunal de Cuentas, que ha abierto diligencias preliminares por un posible caso de dinero público no debidamente justificado, tal y como adelantó Eldiario.es y confirmó LAS PROVINCIAS, la presidenta de la APV, que incluye los puertos de Valencia, Sagunt y Gandia, ha expresado que se trata de «una tramitación ordinaria dentro de cualquier expediente».
El caso se abrió a raíz de una denuncia anónima ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública, y, tras conocer el caso, Chao presentó alegaciones. El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado ahora de determinar si existe o no un alcance contable.
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La otra cuestión que ha querido despachar la presidenta ha sido los procesos de contratación de personal que, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogido en varios medios, «contienen requisitos o méritos que predeterminan de un modo u otro al candidato seleccionado». Antes esta investigación, Chao ha defendido que «las bases de la convocatoria se elaboraron atendiendo a lo que se consideraban los mejores perfiles que necesitaba la APV en ese momento» y ha subrayado que está «totalmente convencida» de que se están cumpliendo estándares.
Frente a ambos casos, Chao ha esgrimido que «el ruido mediático no ayuda a que las cosas sigan funcionando». «Si alguno de los casos sigue adelante, ya se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Pero lo único que he estado haciendo hasta la fecha ha sido gestionar y trabajar», ha zanjado Chao.
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