El Tribunal de Cuentas investiga si la presidenta del puerto de Valencia hizo una mala gestión de fondos públicos
La Oficina de Conflicto de Intereses trasladó una denuncia anónima al órgano fiscalizador tras las alegaciones presentadas por Chao
Un nuevo dolor de cabeza sobrevuela a la presidenta del puerto de Valencia, Mar Chao. A las renuncias de altos cargos producidas en los últimos ... meses, entre las que se incluye la del director general, Enrique Belda, y a la revocación de la concesión otorgada a Baleària para ubicar la nueva terminal de pasajeros de cruceros, se suma uno nuevo. Más bien, uno que empeora. El Tribunal de Cuentas la investiga por un posible caso de malversación de fondos públicos.
Así lo avanzó este miércoles Eldiario.es y lo han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a este periódico. En concreto, el máximo órgano fiscalizador ha abierto diligencias preliminares para averiguar si se ha producido alcance contable, tal y como ha trasladado a la máxima dirigente de la organización.
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El alcance contable hace referencia al «saldo deudor injustificado en una cuenta pública que provoca el inicio del procedimiento para su reintegro y la responsabilidad ante la jurisdicción contable de quien la tenía a su cargo», según lo describe la Real Academia Española (RAE). Este se da cuando hay un saldo negativo de dinero público que no está debidamente justificado y la consecuencia habitual es la obligación de devolverlo. En el caso de que se demuestre que ha habido intencionalidad, puede incurrir en un delito, recogido en el artículo 177 de la Ley General Presupuestaria.
Aunque el Tribunal de Cuentas no ha aclarado los hechos concretos que investiga por el alcance contable, la presidenta de la APV se refirió hace dos semanas al cobro de unas dietas. En declaraciones a los medios, Chao explicó que están «estructurando los procedimientos y las instrucciones internas». «Hay que adaptar los procedimientos internos y nuestra aplicación informática, porque tenemos una de gestión de dietas que es automatizada y que es la que utilizamos los altos cargos», expresó.
El caso comenzó a raíz de una denuncia anónima ante la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), organismo dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública. Tras conocer el caso, Chao presentó alegaciones, que fueron atendidas. Una vez transmitidas, la OCI trasladó la denuncia al Tribunal de Cuentas «a fin de que sea este, como única institución que puede pronunciarse sobre la existencia de un alcance contable, el que determine si existe o no», según esgrimen desde la APV.
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