El Parlament prepara la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Barcelona

La propuesta que confían que salga adelante en 2026 fue presentada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP y supone restringir la actividad de Uber, Cabify y Bolt –las tres empresas de VTC que actualmente funcionan en Cataluña– pues se les obligará a precontratar los servicios con antelación y solo para trayectos interurbanos.

El texto, al que ha tenido acceso este periódico, indica que los VTC tendrán que ser reservados con al menos 10 minutos de antelación, que en el caso de los servicios de alta disposición (una nueva categoría pensada para eventos o necesidades específicas) se exigen 6 horas de precontratación mínima y con un tiempo de disposición superior a una hora. Además, solo podrán operar en trayectos interurbanos y suma algunos requisitos para los conductores tanto de taxis como de VTC como la obligación de poder atender en catalán. En concreto, los conductores deben acreditar un nivel B1 y a los que ya están en activo se les permite un periodo de dos años de adaptación.

Desde las plataformas afectadas indicaron su «preocupación» por esta propuesta de ley presentada en el Parlament de Cataluña y advirtieron de la pérdida de 4.000 empleos si esto sale adelante. «Las VTC no compiten con el taxi, lo complementan», aseguran. Desde las compañías explican que actualmente taxis y VTC conviven en sus plataformas ofreciendo servicios a ciudadanos y turistas de más calidad.

«El debate ya está superado en todas las grandes ciudades», lamentan desde Cabify, Uber y Bolt en un comunicado conjunto. Aseguran que no sobran VTC y que Barcelona es la ciudad con menor ratio de vehículos de transporte por mil habitantes de Europa. En detalle, indican que en Barcelona hay 3,4 vehículos por mil habitantes, mientras que en París son 5,5, en Lisboa 8,5, en Londres 11,9 o en Nueva York, 12,3 coches por mil habitantes.

Desde las plataformas hacen un llamamiento a los partidos políticos y al Govern para que reconsideren sus planes y trabajen juntos en una ley consensuada y «que garantice el derecho a la movilidad de los catalanes, evite el despido de miles de trabajadores y siente las bases para la movilidad del futuro que pasa, sin ninguna duda, por la electrificación de las flotas y la inminente llegada del coche autónomo».