La Fiscalía de Valencia cuestiona las evaluaciones ambientales de las plantas fotovoltaicas de Renovalia
El ministerio público detecta deficiencias graves en las autorizaciones y califica algunos informes de «simples copia-pega»
La investigación de la Fiscalía de Valencia a la empresa Renovalia por una presunta fragmentación de un macro planta fotovoltaica en la comarca de ... Los Serranos revela unas primeras conclusiones demoledoras para la mercantil y que incluso podrían también perjudicar a la Generalitat.
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Según ha podido saber LAS PROVINCIAS, el ministerio público cuestiona en un informe las evaluaciones ambientales que la empresa ha recibido a su favor para instalar decenas de parques fotovoltaicos de menos de 50 megavatios que se pretenden ubicar en terrenos colindantes.
En este informe, el ministerio público detecta desde fallos graves de cartografía hasta evidentes omisiones de directivas europeas de evaluación ambiental. Incluso, califica algunas de las evaluaciones ambientales como «simples copia-pega».
Cabe recordar que la compañía está siendo investigada por tramitar 16 parques de menos de 50 megavatios (MW) colindantes entre sí, una fórmula que le permite esquivar la tramitación ambiental del Gobierno, ya que todos los proyectos inferiores a esta potencia pasan a ser gestionados por la administración autonómica.
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Las 16 plantas de Renovalia en La Serranía se enmarcan en un complejo de 19 parques que abarca más municipios y que vierten de energía a Red Eléctrica en Godelleta. Diez de los parques fotovoltaicos proyectados en la comarca son de 50 megavatios después de que los otros seis se vieran obligados a reducir su tamaño, pasando de 50 a 21 megavatios, por un conflicto con la empresa Enerhi Maestrat.
Este proyecto ha soliviantado a una buena parte de los vecinos de las poblaciones afectadas. Fruto de esta oposición social, la plataforma vecinal Pueblo Vivo, de Villar del Arzobispo, ha puesto una queja en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ante la imposibilidad de acceder a los expedientes de estos proyectos después de 19 meses de solicitarlos a la Dirección General de Energía y después de casi un año de la primera queja al Consell de Transparencia.
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