La bala del 'estupa' que mató a Johan Andrés
La causa abierta a un policía antidroga apunta al presunto homicidio de un joven de 26 años durante un operativo en Madrid. Una grabación en el vehículo sospechoso da un vuelco a la investigación
Johan Andrés Murillo, ciudadano español de origen colombiano, falleció el pasado 29 de enero de un certero disparo en la calle Sinesio Delgado de Madrid, uno de los ejes viales del noroeste de la ciudad. Este joven de 26 años estaba inmerso en una investigación judicial por presunto tráfico de drogas cuando encontró la muerte. La víctima conducía un Seat León de color blanco cuando, a las 13:52 horas de una lluviosa tarde de invierno, un vehículo policial camuflado que le perseguía desde una hora y media antes le dio el alto de forma brusca. La escena se sucede a ojos de viajeros y viandantes a la altura del número 16 de esta travesía del distrito Fuencarral-El Pardo esquina con la calle Finisterre.
Dos agentes integrantes del Grupo XVIII de la Udyco, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Brigada de Policía Judicial, aprovecharon la presencia de una furgoneta que obstaculiza a su objetivo para bajarse rápidamente y rodear el coche de Johan Andrés a punta de pistola. En el transcurso de esa intervención, que duró pocos segundos, una bala atravesó el cuerpo de la víctima a la altura del abdomen, destrozándole el hipocondrio anterior izquierdo, y quedó incrustada en el asiento del conductor. La herida de mortal necesidad le causó la muerte poco después, tendido en la acera tras ser sacado a la fuerza del vehículo y esposado contra el suelo por el binomio policial de paisano.
Un amigo del fallecido, con el que hablaba por el manos libre del teléfono cuando sucedieron los hechos, fue testigo de referencia de lo ocurrido: de la intervención del vehículo policial, el frenazo brusco de su compadre, el disparo por parte de uno de los agentes tras abrir la puerta del piloto y de los lamentos del herido. Toda esta secuencia quedó grabada en el sistema de escuchas que había sido colocado de forma previa en el Seat León con autorización judicial.
La información oficial que se trasladó la tarde del 29 de enero pasado a los medios de comunicación ofreció datos muy diferentes a lo sucedido. Acusaron al «hombre colombiano de 30 años», «con múltiples antecedentes», de recibir un disparo en el pecho después de embestir con su coche un vehículo policial camuflado. La víctima mortal, que dejó a una familia destrozada, trató de huir y los agentes le pidieron que se detuviera antes de abrir fuego en legítima defensa. Como colofón, se trasladó que en su vehículo se encontraron «varios ladrillos de cocaína, dinero y otros utensilios para la manipulación de sustancias estupefacientes».
Dos versiones enfrentadas
El atestado que se comenzó a redactar en el lugar del tiroteo, a donde acudieron algunos jefes de la Policía Nacional en Madrid, recoge que el 'estupa' de la Udyco que apretó el gatillo lo hizo para evitar que su compañero fuera atropellado cuando el Seat León dio marcha atrás para intentar zafarse. «Sintiendo ciertamente que su vida y la de su compañero corrían serio peligro», recoge el informe preliminar.
El documento añade que inmediatamente antes los agentes le gritaron al menos en tres ocasiones «alto policía, para el coche», pero el joven hizo caso omiso. Luego se situaron a poca distancia y con la puerta semiabierta del conductor vieron cómo éste realizó un «movimiento extraño», haciendo ademán de buscar algún objeto en el interior del vehículo, concretamente inclinándose hacia la zona baja del asiento del copiloto.
Sin solución de continuidad, pensando que se trataba de un arma de fuego, el policía decidió disparar a bocajarro «en aras a abortar que éste continuase con la maniobra de evasión y demás movimientos que estaban poniendo en riesgo tanto su vida y su integridad física como la de su compañero». Era la primera vez que este policía con 17 años de servicio, 15 de ellos en la Udyco, disparaba su arma reglamentaria.
Hasta ahí el atestado oficial. La declaración de los policías implicados en la muerte de Johan Andrés. Pero la instrucción del caso por parte de un juzgado de Madrid, el número 52, ha ido rebatiendo punto por punto este relato durante estos meses. Hasta el punto de que el integrante del Grupo XVIII de la Udyco declaró en junio como investigado por un delito de homicidio doloso -conlleva penas de entre 10 y 15 años de prisión-, y, en la actualidad, se le ha retirado por orden judicial la tenencia y el porte del arma mientras se instruye la causa. Para su compañero la tarde del 29 de enero, han reclamado también la suspensión de empleo y sueldo y la petición de imputación como encubridor del delito. El juez debe resolver aún esta solicitud de la acusación particular.
El vuelco del caso llegó con la incorporación al sumario de la grabación de la sonorización del vehículo y las imágenes privadas de una cámara próxima, reclamadas por el abogado Juan Manuel Fernández Ortega, que representa a la familia de Johan Andrés. Unos elementos de prueba que el instructor ha considerado relevantes para rebatir la versión policial y que fueron mostrados al agente imputado por homicidio durante su declaración en el juzgado.
«¡Me suda las pelotas!»
En un reciente auto al que ha tenido acceso este periódico, se estima que «aparentemente» podríamos estar en presencia de una utilización irregular de su arma reglamentaria y que, tras el visionado del citado vídeo, «no parece en absoluto clara esa situación de riesgo vital a la que alude el agente, siendo por ello que la utilización del arma, disparando el investigado en vez del vehículo, presenta características que hacen dudar seriamente de la corrección de su uso».
Pero además del vídeo, el abogado de la familia de Johan Andrés Murillo, quien pese a estar investigado por tráfico de drogas no tenía «múltiples antecedentes penales» -como se difundió en los medios de comunicación «según fuentes policiales»-, solicitó incorporar a la causa un segundo elemento de prueba: la grabación de la sonorización del vehículo del fallecido en el momento de los hechos. Un dispositivo de escuchas colocado por miembros de la Udyco bajo autorización judicial en el marco de otro procedimiento abierto en un juzgado de Madrid. Un audio cuyo resultado contradice más si cabe la versión del agente imputado por homicidio y también la de su compañero, según sostiene la acusación particular.
En el audio de diez minutos, al que también ha tenido acceso este periódico, los dos policías sacaron a la fuerza a Johan Andrés, herido ya de bala, y le exigieron que se pusiese «boca abajo y las putas manos a la espalda». Ante sus lamentos –«me ha dado, me ha dado», alcanza a decir–, el imputado le grita: «¡Me suda las pelotas!» e incide a su compañero en que éste le intentó atropellar para justificar su disparo, quizá a sabiendas de que el dispositivo de escucha colocado en el coche del fallecido le estaba grabando. El juez se mantiene firme en la tesis del homicidio, a la que se ha adherido el fiscal tras las dudas iniciales, y ha dado el paso para que la causa continúe por la Ley del Tribunal del Jurado y sean nueve ciudadanos los que juzguen los hechos.
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