Atasco en Servicios Sociales con más de 61.000 casos pendientes

No obstante, pese a que Servicios Sociales asume algunas recomendaciones del Síndic, rechaza otras, ya que el defensor hizo nueve propuestas, como son ampliar equipos de valoración a nivel de departamentos sociales; informar a los interesados del tiempo estimado para su valoración y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión de grado.

La espera que deben aguantar los valencianos por este problema ronda el año y medio, según denuncia el Síndic, y los ciudadanos desconocen durante ese tiempo cuándo se resolverá su solicitud. La valoración oficial del grado de discapacidad es un paso imprescindible para acceder a ayudas, prestaciones y derechos sociales. Sin embargo, en la Comunitat, decenas de miles de personas llevan más de un año esperando a que su expediente sea revisado.

Se trata de un problema que ha ocasionado un gran malestar social y un destacado aumento de las quejas ciudadanas relacionadas con este asunto desde 2024. El síndic, Ángel Luna, ha cerrado este viernes su investigación de oficio sobre las graves demoras en la valoración de la discapacidad con el compromiso de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar algunas de las recomendaciones propuestas para atajar el problema.

El defensor propuso nueve recomendaciones a la Conselleria, entre las que destacan la necesidad urgente de reforzar los recursos humanos, crear más equipos de valoración, acelerar la implantación de la nueva herramienta informática y mejorar la información a los solicitantes sobre los plazos de resolución de sus expedientes.

Servicios Sociales ha aceptado seis de estas recomendaciones, aunque sin concretar plazos de cumplimiento. Cabe señalar que la Administración autonómica se ha comprometido a la contratación temporal de 24 nuevos profesionales para reforzar los Centros de Valoración y Orientación de Discapacidad en Castellón, Valencia y Alicante; a aprobar una nueva orden reguladora del procedimiento; a acelerar la implantación de una aplicación informática que facilite la gestión; y a colaborar con las organizaciones sociales del sector para mejorar la atención y el asesoramiento a las personas con discapacidad.

Con la adopción de estas medidas la Conselleria espera que ayuden a reducir el volumen de expedientes pendientes, que superan los 61.000 en toda la Comunitat, según la información aportada al Síndic en la investigación. «Una cifra que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de adoptar medidas eficaces y urgentes», establece esta institución.

Otra de las recomendaciones que ha rechazado Servicios Sociales es la de informar de manera individual a cada solicitante sobre el tiempo estimado para la resolución de su expediente, ya que la conselleria alega que supondría una carga administrativa extra no prevista en la ley. También descarta crear más equipos de valoración a nivel de departamentos sociales y emitir resoluciones provisionales para quienes están pendientes de revisión, medidas que el Síndic considera razonables y necesarias para garantizar una buena administración y reducir la incertidumbre de las personas afectadas.

Luna ha recordado que el tiempo medio de espera para la valoración de la discapacidad es actualmente de un año y medio. Además, ha anunciado que hará un seguimiento del cumplimiento de las medidas aceptadas.