El PSPV guarda un año en un cajón la querella sobre el festival del 9 d'Octubre

Manolo Mata, el exsíndic socialista, proclamó que la ampliación de Feria Valencia era supuestamente otro caso de corrupción en la historia de la Comunitat. Unas diligencias que, sin embargo, no pasaron de la fase prejudicial. La Fiscalía las archivó al cabo de unos meses al no apreciar indicios delictivos.

El actual síndic del PSPV, José Muñoz, se mantiene en esa misma tónica. Hace cerca de un año, justo después del festival musical del 9 d'Octubre–una idea novedosa por parte del Consell que no va a tener continuidad– proclamó que la corrupción había llegado al Palau apenas un año y medio después del desembarco de los populares con la ayuda de Vox. «Algo huele mal», apuntó el líder socialista.

Muñoz recordó que el festival fue anunciado por el presidente Carlos Mazón el 19 de septiembre de 2024, pero que el expediente de contratación se inició cuatro días después y que la adjudicación se llevó a cabo «un día antes de los conciertos». Todo esto, según la información disponible en la Plataforma del Contratación.

Pero el PSPV acumulaba más datos para la sospecha. «Dice que la empresa es titular en exclusiva de la marca Som de la Terreta» algo que, de entrada, parece incomprensible. «El Partido Socialista va a llegar hasta final y hasta las últimas consecuencias», anunciaron hace casi doce meses. Un año después se ignora hasta dónde han llegado porque parece que ni han iniciado el camino. «Ya lo hicimos con la Fórmula 1 cuando era muy impopular», avisaron acerca de sus intenciones.

Unas denuncias que, por otra parte, terminaron en rotundos archivos. Algunos incluso por petición de la propia Fiscalía Anticorrupción. Compromís también se sumó a ese hipotética la ola de corrupción. Por su parte, adelantó que iba a acudir a Antifraude, aunque reconoció que no confiaban en la Agencia tras el nombramiento de su director Eduardo Beut, a propuesta del PP y con vínculos con la etapa de Zaplana. También tenían la idea de acudir a Fiscalía. «Queremos saber en qué se gasta el dinero Presidencia», subrayaron.

LAS PROVINCIAS contactó este martes con ambas formaciones para conocer en qué se transformaron aquellos avisos. Desde el PSPV informaron de que solicitaron una información a la Generalitat a través de Les Corts. Se trata de un estudio de impacto económico que, en teoría, establece la cantidad que debía cobrar la empresa beneficiaria. Esa documentación, al parecer, no ha llegado. «Vamos a volver a solicitarla», insistieron.

Un portavoz de Compromís, por su parte, se comprometió a aclarar el destino final de aquellas declaraciones de Joan Baldoví. Al cierre de esta edición no había respuesta.