Son dos años los que lleva el actual Consell al frente del gobierno valenciano. Dos años tremendamente complicados y eclipsados por la tragedia del siglo ... en la Comunitat, la riada del 29 de octubre de 2024. La barrancada ha hecho centrar en la recuperación todos los recursos que posee la Generalitat, pero no debe dejar a un lado una serie de problemas (¿crónicos?) que deben verse subsanados cuanto antes, como son los referidos a la infancia y la adolescencia. En este sentido, el Consell se enfrenta a tres grandes retos. Por un lado, más de uno de cada tres niños valencianos vive en riesgo de pobreza. De igual modo, la región continúa desenmascarando casos de violencia sexual contra menores. Por último, los menores migrantes, un ámbito de actuación donde el Consell vuelve a tener una guerra abierta con el Gobierno central.
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Según los últimos datos oficiales de la 'Encuesta de Condiciones de Vida 2024'del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 38,4 % de los niños, niñas y adolescentes (más de un tercio de los niños valencianos) están en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestra Comunitat. Esto equivale en torno a unos 340.000 niños. La mejora de la situación pasa por elevar la capacidad socioeconómica de las familias con hijos e hijas a cargo, y entidades como 'Save the children' reclaman políticas de acceso al empleo y garantías de ingresos (prestaciones) y servicios clave, dentro de una lógica de inclusión activa.
Una desigualdad visible también en la comunidad educativa, pues las ayudas de comedor escolar alcanzan sólo al 20% del alumnado de infantil, primaria y ESO, a una distancia de 11 puntos porcentuales con respecto a la tasa AROPE de la población de ese mismo tramo de edad (0-16 años) que mide el porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social en España.
Con respecto al reparto de menores migrantes, el Gobierno planificó de manera unilateral el envío de 500 niños y niñas a la Comunitat. Sin embargo, el actual Consell se niega en rotundo. Según defienden, las actuales instalaciones para acoger menores migrantes se encuentran al 160% de su capacidad, un porcentaje que demostraría la saturación del sistema. Si se acaba imponiendo el reparto del Ejecutivo, la Generalitat asegura que su llegada haría ascender dicho porcentaje hasta el 300%.
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Por todo ello, La Abogacía de la Generalitat interpuso este mes de mayo un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional alegando que la medida invade competencias autonómicas en materia asistencial. El recurso se envió tras contar con el visto bueno del Consell Jurídic Consultiu (CJC). La Generalitat defiende que el Gobierno central no puede imponer el reparto de menores y mantiene que, si las 500 personas terminan llegando, desde el Ejecutivo central se deberían aumentar las partidas presupuestarias en materia de Servicios Sociales para llevar a cabo la construcción de las instalaciones que puedan albergar a los menores recién llegados.
En materia de la violencia sexual, se reportan 1.090 denuncias anuales de delitos sexuales cuyas víctimas fueron menores de edad en la Comunitat según el Portal Estadístico de Criminalidad - Ministerio del Interior, 2021. Desde 'Save the children' defienden la necesidad de reforzar un sistema de protección garantista y que nos permita prevenir la violencia contra la infancia, y actuar inmediatamente desde un enfoque multidisciplinar cuando esta ocurra.
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