Obras de protección en la ribera del río Magro. LP

El plan del Gobierno para recuperar ríos y barrancos eleva la inversión y las restricciones de usos

El Ministerio responde a las 109 alegaciones presentadas

Paco Moreno

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:26

El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado la versión definitiva del Plan para la Recuperación en el Territorio afectado por la dana tras el estudio de las 109 alegaciones presentadas. La consecuencia ha sido un aumento del presupuesto para prevención y protección en cauces de ríos y barrancos, que pasa de 530 a 551 millones de euros, así como medidas más restrictivas en algunos usos.

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Tras la presentación de la propuesta de este Plan en la Universitat Politècnica de València (UPV) el pasado 29 de mayo, se sometió a consulta pública del 23 de junio al 23 de julio. En total se recibieron 109 aportaciones que han mejorado y completado el documento. De estas, 24 son de la administración pública, 51 de los comités locales de recuperación, 18 de ciudadanos particulares, diez de asociaciones y fundaciones, cuatro de colegios y partidos políticos y dos de empresas privadas.

La mayor parte de las aportaciones recibidas han sido de carácter técnico y se han tenido en cuenta en el Plan, incrementándose las medidas de prevención, preparación y protección en 21 millones de euros, pasando de 530 a 551 millones, según figura en el documento. Muchas incorporan un enfoque más restrictivo en la ordenación de los usos en las zonas inundables, así como la necesidad de revisar las cartografías de peligrosidad y riesgo, teniendo en cuenta la inundación provocada por la dana.

Otras alegaciones recibidas recomiendan la inclusión de Sistemas de Aviso Temprano (SAT) y de Apoyo a la Decisión en la gestión de embalses (SAD), así como la mejora y reparación de los sistemas de información. Distintas alegaciones sugieren que el Plan también recoja la descripción de los problemas que se han producido en otros lugares con un grado de afectación menor que el de la rambla del Poyo o la cuenca del río Magro, como es el caso del bajo Turia o las pedanías de Valencia, y las soluciones a adoptar en esos casos.

Un gran número de alegaciones incide en la importancia que han tenido las vías de comunicación en el desarrollo de la inundación y en la necesidad de mejorar el funcionamiento hidráulico de las infraestructuras viarias. Otras aportaciones requieren un mayor desarrollo, explicación y ampliación de las acciones de encauzamiento del barranco del Poyo entre Picanya y la V-31 (pista de Silla).

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También, algunas de las alegaciones inciden en la necesidad de reforzar la apuesta que el Plan hace por la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, como son las zonas de almacenamiento controlado y por facilitar el drenaje de las aguas, a través de los principales paleocauces. Finalmente, muchas de las sugerencias recibidas en la consulta pública hacen hincapié en la necesidad de una mayor cultura de la prevención y concienciación del riesgo frente a inundaciones de todos los actores involucrados.

A la hora de analizar estas alegaciones, gran parte de ellas han sido estudiadas detalladamente a través del empleo de trabajos de modelación matemática, estudios hidráulicos asesorados por el CEDEX y por distintos profesionales de la ingeniería hidráulica, de forma que, no solo se han estudiado las alegaciones, sino que también se ha comprobado, en su caso, las mejoras en el comportamiento hidráulico de las mismas.

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Con todo, las medidas recogidas en el plan se dividen en 2 grandes grupos: medidas de recuperación y medidas para la prevención, preparación y protección.

Dentro de las medidas de recuperación se incluyen las obras de emergencia para la restauración de los cauces y la reparación de infraestructuras afectadas, la restauración hidrológico forestal y la restauración de humedales, con particular atención al Parque Natural de la Albufera.

Las obras de emergencia de la CHJ cuentan con un presupuesto de 220,8 millones de euros para la reparación de infraestructuras, actuaciones en cauces y reparación de estaciones del SAIH. A este importe, habría que incorporar 14,6 millones de euros de encargos para retirada de tapones o reparación de daños, zonas asociadas y márgenes.

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Para las obras de alcantarillado se han repartido 437 millones a los Ayuntamientos, mientras que las actuaciones de restauración hidrológico forestal han contado, por su parte, con un presupuesto de 15 millones. Además, las actuaciones incluidas para la restauración de la Albufera asciende a 40,8 millones. En total, se habla de una inversión de 731 millones.

Respecto a las medidas para la prevención destacan medidas de adaptación del planeamiento urbanístico y los elementos situados en zonas inundables, y la mejora del conocimiento sobre el riesgo de inundación. En materia de gestión de zonas inundables, es fundamental la labor de coordinación de los organismos de cuenca con las administraciones competentes, así como las limitaciones de uso. La principal medida relacionada con la adaptación del planeamiento urbanístico es la incorporación de la cartografía del dominio público hidráulico y de las zonas inundables a los instrumentos de ordenación urbanística.

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Para los redactores del plan, es indudable la relación entre la magnitud de los daños provocados por inundación y el emplazamiento de las zonas urbanas, por lo que resulta imprescindible incluir la peligrosidad y el riesgo, adecuadamente caracterizados en términos cartográficos, en la ordenación territorial, orientando el futuro desarrollo urbano y de equipamientos hacía zonas de baja peligrosidad. Asimismo, la Generalitat tiene previsto actualizar el Plan de Acción Territorial frente al Riego de Inundaciones de la Comunitat Valenciana. (PATRICOVA).

Dentro de las medidas de adaptación de los elementos situados en zonas inundables, se han desarrollado proyectos piloto en EDARs y estaciones de bombeo. La implantación de estos proyectos y la redacción del resto de ellos en todas las EDAR afectadas por la DANA tiene la máxima prioridad.

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La implantación efectiva de las medidas de adaptación al riesgo de inundación en edificios y viviendas es esencial, ya que es una herramienta rápida y sencilla para evitar que las edificaciones afectadas no vuelvan a sufrir los mismos daños en episodios similares, por lo que se plantea ejecutar un programa de adaptación al riesgo de inundación de edificios y viviendas en el territorio afectado por la dana asociado a áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI). Este programa dispone de una inversión de 60 millones y se articula mediante un real decreto de concesión directa.

Por último, las medidas de protección propuestas contemplan tanto las infraestructuras hídricas y soluciones basadas en la naturaleza, como las obras de mejora del drenaje de infraestructuras lineales y otras medidas estructurales. Todas ellas deben ser analizadas tanto individual como de manera conjunta, ya que la solución más adecuada es una combinación de todas ellas, en el que las de cada tipología persigue actuar sobre un aspecto específico de la crecida.

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Para todas estas actuaciones se define un cronograma con un plazo de finalización en 2030. La inversión del MITECO se ha estimado, de forma preliminar, en 731,4 millones para las medidas de recuperación y en 551 millones para las medidas de prevención y protección.

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