La CHJ alude a injerencias y falsedades para desentenderse del plan de reconstrucción del Consell

«La redacción actual no refleja la realidad de lo acontecido», llega a manifestar la CHJ en cuatro de los reparos expuestos en la web de participación ciudadana de la Generalitat. A su vez, desde el organismo de la cuenca inciden en que la Confederación «no ha participado directamente en la redacción del Plan, ni en la formulación de las propuestas, y no ha conocido su borrador hasta el momento de su puesta a disposición para consulta».

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, desmintió este argumento alegando que las propuestas en materia hidráulica del plan Endavant fueron consensuadas por un grupo de expertos en el que estuvo presente la CHJ: «A pesar de que ellos dicen que no, hemos tenido siete reuniones distintas: tres en la Confederación y cuatro en la Conselleria con días, fechas y personas».

«La crítica constructiva es siempre positiva porque enriquece todo, la destructiva no tiene ningún sentido, hace perder el tiempo y no mejora nada», sentenció al respecto Gan Pampols. Sobre las alegaciones, el número 3 del Consell indicó que desde la Generalitat le proponen a la CHJ que sea «más sensible respecto a las cabeceras y sobre determinados elementos de carácter estructural que son necesarios», este último aspecto referido a la construcción de obras hidráulicas cuando no se puedan aplicar o para complementar las soluciones basadas en la naturaleza.

Uno de los principales 'peros' hecho patente por parte de la Confederación en el proceso de consulta pública ha sido su negativa a la creación tanto de la Agencia Estatal del Agua con sede en Valencia. De hecho, se propone la eliminación de esta iniciativa.

La CHJ tilda de «injerencia competencial» la propuesta para constituir una Agencia Estatal del Agua dado que la ley estipula que dicha iniciativa está bajo la jurisdicción administrativa del Gobierno. Por tanto, declara al Consell «manifiestamente incompetente» en la materia.

«No corresponde a la GVA acordar la creación de una Agencia Estatal, entidad de Derecho público, dotada de personalidad jurídica pública, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultada para ejercer potestades administrativas», recrimina el organismo de la cuenca.

Respecto a la iniciativa para crear una empresa mixta entre Consell y Gobierno para impulsar la construcción de obras hidráulicas pendientes en la Comunitat sucede tres cuartos de lo mismo que con la Agencia Estatal del Agua. La Confederación enarbola la ley estatal para evitar la creación de este organismo hídrico de nuevo cuño exigido por la Generalitat.

La CHJ recuerda que la proyección y la ejecución de infraestructuras se enmarca dentro de la planificación hidrológica de la propia Confederación y afea al Ejecutivo valenciano que quiera llevar a cabo esta iniciativa «sin haber obtenido el conforme» de la Administración General del Estado (AGE), a la que además se tilda de «responsable de su cumplimiento».

Para el organismo de la cuenca se trata de una medida «adoptada unilateralmente y sin previo acuerdo con la otra Administración afectada», hecho que implica, según la enmienda, «un exceso en el ejercicio de las competencias de la GVA, con invasión o injerencia en las que son propias de la AGE».

Sobre las referencias del plan a los destrozos de la dana sobre las presas de Forata y Buseo, donde el Consell asegura que se causaron, entre otros daños, grietas y erosión en los estribos que comprometieron la capacidad de ambas infraestructuras para regular el agua y proteger las áreas circundantes.

La CHJ defiende que embalse situado en Yátova, infraestructura bajo su gestión, está clasificada como tipo A y está sometida a la legislación vigente en materia de seguridad de presas. Para reparar la afección de la avenida del Magro del pasado 29 de octubre se está ejecutando una obra de emergencia, «con alcance mayor al de la propuesta de iniciativa», y el embalse está incluido en los planes de conservación y mantenimiento de las presas de titularidad estatal.

«En contra de lo manifestado en la iniciativa, en la presa de Forata no hay ni grietas ni erosiones ni refuerzo de estribos que realizar», desmiente el organismo de la cuenca.

Ante la propuesta de mejorar el SAIH, incrementando los puntos de aforo en las cuencas bajas y sistemas avanzados de medición de lluvias y caudales, la CHJ alega que el método de datos hidrológicos «está en continua mejora y modernización», sobre todo desde 2019. «Decir que el SAIH no se ha actualizado ni ampliado en los últimos años es falso, y debería suprimirse», denuncia.

La Confederación recalca que el SAIH no es un sistema de predicción sino de observación que transmite datos que describen el estado pluviohidrológico e hidráulico de la cuenca mediante puntos de control automáticos. Por otro lado, contrapone que el plan especial frente al riesgo de inundaciones de la Comunitat contempla también la presencia de puntos de control no automáticos cuya gestión de la información corresponde al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Eso sí, la CHJ resalta que estudia la posibilidad de aumentar los puntos automáticos al calificar como «básico» el hecho de obtener «datos fiables» de los caudales. Con respecto a la red de pluviómetros, la única referencia expresada en las alegaciones es que se emplean los mismos que utiliza la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Sobre la puesta en marcha de un sistema de predicción y alerta contra inundaciones, clave para predecir inundaciones, la entidad hidrográfica apunta que ya ha llevado a cabo proyectos piloto de implantación de estos métodos y tiene prevista su activación en la demarcación del Júcar, proyecto sí operativo en el Ebro y que la CHJ licitó para su demarcación tras el fatídico 29-O.

La Confederación apostilla que el comportamiento del Ebro «nada tiene que ver con el de ramblas y barrancos mediterráneos» en los que por culpa de su «extrema rapidez» se reduce mucho el tiempo de reacción. «Las medidas de preparación deberían activarse utilizando también información pluviométrica para ampliar tiempos de respuesta y hacer más eficaces las actuaciones de las Administraciones competentes en protección civil», señala la CHJ.

El organismo de la cuenca también plantea sus dudas en las actuaciones de mantenimiento de los cauces, donde también se incluye la gestión de cañas, para prevenir y reducir los efectos destructivos ante futuras inundaciones.

La CHJ explica que desde el Consell se ponen sobre la mesa una serie de actuaciones en lechos de dominio público hidráulico, cabeceras o zonas de protección con ambas administraciones como responsables, «aunque sin concretar cómo cada Administración contribuye a la implantación de la iniciativa».

Desde la entidad presidida por Polo recuerdan que los trabajos que otras instituciones realicen sobre el dominio público hidráulico o sus zonas de protección «requerirán autorización administrativa» de la Confederación. Tómese como ejemplo las labores de limpieza del nuevo cauce del Turia por parte del Ayuntamiento de Valencia en el tramo del canal comprendido entre la pista de Silla y el puente de La Torre.

El plan del Consell recoge limitaciones a los usos del suelo y actividades en zonas inundables, la mayoría reguladas en el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). La CHJ enfatiza que dichas restricciones «deberán ajustarse a la legislación estatal en materia de aguas» y no podrán incluir impedimentos «de menor entidad» a las incluidas en la normativa gubernamental.