Los médicos llevarán al TSJ la falta de facultativos en el SAMU

Esta situación provoca que, en ocasiones, estas ambulancias presten servicio únicamente con técnicos y enfermeros, profesionales estos últimos que «creyéndose amparados para realizar actos médicos pueden caer en un problema de intrusismo profesional», aseguran.

El fallo judicial tiene lugar como respuesta a la presentación, por parte de los dos colegios citados, de una una demanda contra la dirección general de Asistencia Sanitaria de la Conselleria de Sanidad. En este momento, argumentaron que el SAMU no es un mero transporte de pacientes, sino que se trata de auténticos centros móviles de asistencia sanitaria, unidades que aúnan el traslado del enfermo con la atención de la urgencia, para lo que resulta imprescindible la presencia de un médico. «Las unidades que salen sin facultativo carecen del responsable del diagnóstico y el tratamiento -puesto que el único capacitado para ello es el médico-, por lo que se dispara el riesgo en situaciones como infartos o ictus, por ejemplo», resumieron desde la comisión de médicos SAMU del colegio de Valencia en la información ya avanzada por LAS PROVINCIAS.

De hecho, la cada vez mayor «precariedad laboral» que viven los médicos del servicio, y que hace que falten facultativos, y la aprobación el pasado año de un protocolo que pretende amparar a estas unidades de urgencia sin la dotación de médico ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha sobrepasado la paciencia de estos profesionales, de ahí que se hayan visto obligados a acudir a la vía judicial.

Desde los servicios jurídicos de la citada comisión explican que cuando la Administración actúa de forma que podría considerarse ilegal, como en este caso, hay diferentes maneras de impugnar su actuación en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo: Solicitando la nulidad de los actos administrativos ilegales o instando una «vía de hecho» al haber actuado la Administración al margen del derecho (inexistencia de actos administrativos o existencia de actos administrativos que carecen de cobertura jurídica). Esta segunda opción fue el camino elegido en este caso, dado que la Generalitat ha asumido competencias reservadas por la Constitución al Estado con la difusión e implementación de esos procedimientos asistenciales.

En la sentencia, explican, el juez «ha desestimado la demanda cuestionando el camino elegido para impugnar la actuación de la administración (la vía de hecho), y señalando que, si son contrarios a la ley, la ilegalidad de los procedimientos asistenciales y de la actuación de la Administración debería impugnarse por la vía de nulidad de actos administrativos. El juez lo que hace es limitarse a desestimar por una cuestión de forma, no de contenido», subrayan.

Igualmente, añaden, el envío de unidades SAMU sin facultativo a asistencias que requieran de actos médicos «suponen un mal funcionamiento de la Administración sanitaria y dan lugar a los pacientes a reclamar una indemnización por los daños que deriven de esa privación de la asistencia necesaria».

Los colegios de médicos, por tanto, van a recurrir el fallo al TSJ por considerar que existe una flagrante vía de hecho. «No obstante, cualquier acto nulo, nunca deja de serlo, no prescribe, de la misma manera que la vía de hecho, sigue siendo impugnable mientras no cese. Por lo que, en caso de entender el TSJ que no concurre vía de hecho y debe atacarse por nulidad, los colegios de médicos tomarán todas las acciones necesarias para restituir el derecho a la salud de los valencianos. Mientras, se iniciarán todas las acciones contra aquellos que, atentando contra el derecho a la salud de los valencianos, su integridad física y su vida, lleven a cabo actos médicos sin la habilitación necesaria».