Mazón pacta con el sector inmobiliario un decálogo de medidas para construir diez mil viviendas asequibles hasta 2027

«Este acuerdo da un nuevo impulso a un compromiso colectivo mediante una gestión moderna y eficiente del parque público, con más capacidad y sostenible y para adaptarnos a la realidad de las familias, pues la gestión mejora cuando se hace más eficiente», ha dicho el presidente, que ha presentado un balance de la evolución del plan hasta la fecha.

Así, Mazón ha destacado que en el plazo de un año 317 municipios «de todos los signos» se han comprometido con el convenio marco que da sustento al programa, que se basa en permutas para poner a disposición de promotoras parcelas de titularidad pública, con el compromiso de ceder una parte de las viviendas a la administración.

Además, ya están en marcha, «tanto en licitación, adjudicadas o en construcción» más de 4.000 viviendas, tanto de promoción directa (445) como fruto de la colaboración público-privada (3.050) o de promoción privada que ya han solicitado la calificación (1.200). Y antes de que termine el año se licitarán otras 1.228, según la previsión basada en los solares ya disponibles.

Mazón también ha anunciado que en los próximos meses se aprobará un nuevo decreto que regule «la gestión, mantenimiento y los procedimientos de acceso al parque de vivienda pública», y que se va a profundizar en garantizar la seguridad jurídica con «una normativa coherente, predecible y justa que no actúe como barrera a la inversión y que, al tiempo, sirva para combatir la ocupación ilegal y fomentar el alquiler asequible». Cabe recordar que antes de verano se presentó el plan integral contra la ocupación inmobiliaria, que prevé ayudas de hasta mil euros en asistencia jurídica.

El presidente también ha avanzado que se va a continuar en la simplificación, «dando estabilidad, facilitando soluciones y agilizando los trámites administrativos», y ha adelantado que se van a activar nuevos mecanismos de colaboración público-privada «para ampliar con las máximas garantías la oferta de vivienda de alquiler asequible». Por último, ha recordado el compromiso de bajar en un 10% el impuesto de transmisiones patrimoniales para todos los ciudadanos de la Comunitat y que ya se había bonificado en el caso de los jóvenes.

En cuanto al decálogo recogido en el acuerdo, se basa en declaraciones de intenciones de las partes (sobre todo de la administración) y blinda algunas de las medidas ya anunciadas y en fase de concreción. Como «modernizar la gestión del parque público de vivienda en alquiler», reforzar la seguridad jurídica mediante «un marco normativo claro, coherente y predecible que brinde certidumbre al mercado inmobiliario y proteja eficazmente a los propietarios frente a la ocupación ilegal» o simplificar la burocracia o fomentar la colaboración público-privada

También habla de la adopción de estrategias que faciliten «la generación de suelo urbanizable o desbloquee desarrollos paralizados», de la incorporación de «tecnologías innovadoras y métodos de industrialización en el sector de la construcción que optimicen la ejecución de los proyectos» o del diseño de «instrumentos fiscales y financieros que mejoren la viabilidad» de las promociones, «incentiven la participación del sector privado y faciliten el acceso a la vivienda, especialmente de la población joven».