La magistrada de la dana cree que la falta de avisos disparó el número de fallecimientos

No sólo que el mensaje de Es Alert se enviara de forma tardía sino en si durante toda la jornada se emitieron suficientes avisos de alerta a la población. El mensaje especial que se envió a las 20.12 se efectuó por el riesgo de rotura de la presa de Forata, pero no por el peligro del desbordamiento del barranco del Poyo, una circunstancia que nadie previó en el Cecopi a tenor del resultado.

La falta de información es una de las claves que, según la jueza, ha manifestado reiteradamente las familiares de las víctimas. En uno de los autos, la juez sostiene que la «tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación» se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político. Es ahí donde se podría buscar una indemnización por la actuación de las Administraciones siempre que no se encauce el tema por la vía penal.

La juez descarta que la investigación se pueda convertir en un análisis de la actuación durante el 29 de octubre de todas las administraciones desvinculada de los tipos penales. De momento, el juzgado está a la espera de recopilar toda la información disponible de esa fase previa de la emergencia, la información de la que se disponía y en qué momento, y las actuaciones que se llevaron a cabo y si estas se postergaron por algún motivo hasta la fecha desconocido.

El TSJ, en uno de los autos en los que rechaza la investigación inmediata de Mazón, apuntó una de las claves de este asunto, la dificultad de imputar un delito de homicidio imprudente. «Sería indispensable acreditar que, de haberse ejecutado la acción omitida –activar con anterioridad la alarma, impulsar el plan de emergencias, pedir ayuda estatal...–, se habrían evitado los resultados dañosos, lesivos y mortales». En este sentido, indicaron que «habría que demostrar que si se hubiera informado con anterioridad o se hubiera anticipado la decisión de emitir la alerta, se habrían impedido los daños».