La jueza insiste con la vigilancia preventiva del Poyo: pregunta cuántos bomberos acudieron y el tiempo que estuvieron

La magistrada ha reclamado diversa información a las autoridades. Hasta el momento, el jefe de los Bomberos, José Miguel Basset, explicó que fue él quien ordenó la retirada de los efectivos cerca de la hora de comer, según reveló en unas jornadas en la Diputación de Valencia. Algunos bomberos, en cambio, manifestaron que su intención era permanecer.

En esa tesitura, la jueza ha solicitado un informe de «las unidades movilizadas especificando los puntos específicos en que realizaron su tarea, las horas de llegada y finalización y los informes evacuados sobre la situación». Una radiografía completa de la actuación aquella jornada.

Los bomberos se desplegaron en dos áreas. La del río Magro, en el área del puente de Carlet y el barranco del Poyo en las áreas Torrent-Picanya-Paiporta. La instructora quiere conocer si también se activó la movilización de helicópteros y el número de aparatos.

La instructora sostiene, según se desprende de sus autos, que la competencia de la vigilancia de los cauces era de la Generalitat. Algunos de los testigos, no obstante, han apuntado que era una atribución propia de la Confederación Hidrográfica del Júcar en la que colaboraba con sus recursos la Generalitat debido a las especiales características orográficas de la Comunitat.

No es el único organismo que se ve afectado por este requerimiento de la jueza. El juzgado reclama a la Conselleria de Emergencia que facilite un dosier con la comunicación a los Bomberos de la necesidad de atender la citada alerta hidrológica. Allí deberá figurar el emisor y el destinatario de ese mensaje. Y, de igual modo, que se aporte la confirmación de que el responsable de Bomberos dio el visto bueno a esa vigilancia. Basset se ha convertido en un testigo imprescindible para conocer la actuación de la Generalitat. Su citación está acordada, pero sin fecha. De momento, han declarado como investigados la exconsellera Salomé Pradas y su número 2, Emilio Argüeso, y como testigo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. También queda pendiente la comparecencia de Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango al frente del dispositivo quien supuestamente pensó en el Es Alert al menos a partir de las 18.30 horas, según los testigos.

También se han pedido los informes del supervisor del 112 y otros tres dosieres redactados durante todo el día de la riada. Otro aspecto de interés es averiguar qué autoridad remitió las imágenes de las carreteras que se visionaron en el videowall de la sala de mando y control, cómo las recibieron y en qué momento.

La jueza de la dana mantiene su actividad pese al paro convocado por sus compañeros. Este martes notificó otra providencia. La instructora ha decidido aceptar el testimonio de dos de los nueve expertos que había propuesto Vox. Se trata de un profesional que explicó «las causas de la catástrofe» y de un exdecano del Colegio de Ingenieros de Caminos que elaboró un artículo sobre la dana.

La titular del juzgado subraya las diferencias entre las comisiones de investigación -la del Senado, pero también la de Les Corts- con los fines de una investigación penal. «Los testigos nos sitúan en otros ámbitos de responsabilidad, político o administrativo; no esclarecen ni la relación de causalidad con los fallecimientos y lesiones, ni tampoco la posición de garante de quienes aparecen como investigados; expresan soluciones de futuro o atienden a los daños materiales», sostiene la magistrada.