La jueza de la dana obliga al presidente de la CHJ a romper su silencio y lo cita a declarar el próximo 19 de septiembre
Miguel Polo declarará como testigo donde deberá aclarar la falta de avisos sobre la crecida del Poyo que no comunicó al Cecopi
La investigación judicial de la causa de la dana afronta su fase decisiva con las declaraciones de actores clave en la gestión de la catástrofe ... . Durante el mes de septiembre continuará el desfile de cargos que tuvieron alguna responsabilidad en los hechos acontecidos en la tragedia del pasado 29 de octubre ante la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, será sin lugar a dudas el más importante de todos pues estará obligado a romper en sede judicial el estruendoso silencio que ha mantenido desde el fatídico día de autos. Ante la magistrada, Polo deberá dar explicaciones de qué hizo o dejó de hacer el organismo que dirige en materia de vigilancia de los cauces, el 'apagón informativo' de casi dos horas sobre las alertas de caudal en el barranco del Poyo o el riesgo de colapso de la presa de Forata que centró los ojos del Cecopi descuidando así el monstruo que bajaba desde Chiva hacia l'Horta Sud.
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Polo declarará en calidad de testigo, es decir, con obligación de decir la verdad ante una gran retahíla de preguntas que todavía quedan por responder más de diez meses después de la dana, máxime tras la elaboración del informe de la Guardia Civil que apuntaba a que los organismos estatales encargados de los avisos (CHJ y Aemet) no transmitieron información fundamental durante las horas decisivas de la tragedia. De hecho, en uno de los extractos del documento del Instituto Armado, los agentes llegan a asegurar que existió «ausencia de control en el peor momento».
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Polo regresa al silencio
La comparecencia del presidente de la CHJ tendrá lugar el próximo 19 de septiembre a las 10.30 horas, pero hasta la fecha ha esquivado el banquillo de los acusados como investigado al no haberlo estimado oportuno la jueza. Tómese como ejemplo el hecho de que la propia Ruiz Tobarra descreditase el informe de la Benemérita al considerarlo «erróneo en sus consideraciones» así como que los investigadore se había extralimitado en sus funciones a la hora de elaborar el citado documento. A juicio de la magistrada, este tenía que ceñirse a una cronología de los desbordamientos y su relación con las muertes así como que no tendría que valorar las actuaciones de los responsables de los distintos organismos implicados.
Sea como fuere, Polo tendrá que dar explicaciones en el Juzgado de Catarroja sobre un sinfín de asuntos relacionados con el 29-O o de carácter previo que podían haber evitado la pérdida de 228 vidas humanas y casi 18.000 millones de euros en pérdidas materiales. El máximo responsable de la CHJ deberá detallar por qué la cuenca del Júcar carece de un Sistema de Alerta Temprana (SAT), que sí se encuentra operativo en el Ebro, que en 2016 ya estaba previsto su puesta en marcha en la Comunitat y que el organismo que dirige licitó tras la riada; las razones por las que no se envió ningún correo electrónico de alerta a Emergencias sobre la subida del Poyo en el lapso de casi dos horas hasta el fatídico correo de las 18:43 cuando se habían superado los tres umbrales de peligrosidad en el aforo de Riba-roja; los motivos por los que el propio presidente no avisó en la reunión del Cecopi a partir de las 17:00 horas de que el caudal de la rambla que nace en Chiva se había duplicado en unos 60 minutos en los que el propio Gobierno ha reconocido que Polo se encontraba en la sala de control del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), los sensores que vigilan el nivel de los caudales; o por qué la confederación ha ocultado los datos del aforo 'fantasma' de Massanassa desvelados por LAS PROVINCIAS.
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Ojos puestos en Forata
Las declaraciones de los interrogados en la causa hasta ahora dejan una constante clara: la atención de la reunión de emergencia entre los organismos dependientes de la Generalitat como el Gobierno estaba puesta exclusivamente en la posible rotura de la presa de Forata. La pregunta crucial es por qué y quién infundió el temor a dicho colapso distendiendo o minusvalorando el Poyo, máxime cuando tiempo después del desastre expertos como Marco Segura o Félix Francés desmontaron en el Senado la posibilidad de que el embalse de Yátova no soportase la avenida del Magro.
En este sentido, la comparecencia de la delegada del Ejecutivo, Pilar Bernabé, le hizo un flaco favor a Polo pues reconoció que durante la conexión telemática «el presidente de la CHJ no hizo remisión a las mediciones que se estaban haciendo en el Poyo», pues «se centró en la presa de Forata». Bernabé desvió la responsabilidad de las labores de vigilancia del cauce hacia la Generalitat alegando que a las 12:20 se decretó la alerta hidrológica en dicha cuenca, por lo que era Emergencias quien debía estar pendiente de las crecidas. Eso sí, recalcó que en el Cecopi nadie hizo «ninguna alusión al barranco del Poyo».
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Asimismo, nueve días antes a la comparecencia del presidente de la CHJ declarará ante la jueza, también en calidad de testigo, el oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, que podrá aportar alguna claves sobre los motivos que llevaron a retirar a los bomberos que vigilaban el Poyo a la altura de Chiva el mediodía del 29-O y para el próximo 3 de octubre queda fijada la citación de un técnico forestal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
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