Heridas invisibles en la zona cero: un tercio de los niños tiene miedo a la lluvia y uno de cada cuatro pesadillas o insomnio

La sensación de inseguridad, de vivir en entornos más peligrosos, o el riesgo de que broten episodios violentos en determinados núcleos familiares son algunas de las ideas clave de un trabajo que, entre sus recomendaciones, apuesta por que la reconstrucción, además de lo tangible (la recuperación de infraestructuras), se centre también en la rehabilitación emocional de los niños y jóvenes.

El trabajo se ha basado en 2.349 testimonios de madres y padres con hijos y adolescentes a cargo, la inmensa mayoría de la zona cero -las encuestas se cerraron el pasado julio-, así como en entrevistas en profundidad y grupos de discusión en los que han participado menores, familias, profesionales de entidades sociales, técnicos municipales, profesorado y responsables políticos (entre abril y octubre de 2025).

El informe empieza con una radiografía a modo de recordatorio: la tragedia dejó 229 fallecidos -entre ellos nueve menores-, 200.000 niños y niñas afectados y 16.000 viviendas dañadas. Y en cuanto a la vertiente residencial, se destaca que el 23,6% de los encuestados viven en una casa afectada, y que el 56,7% lo hace en un hogar que no sufrió daños, aunque sí su edificio (ascensor o garaje). Por tanto, cuatro de cada cinco residen con algún grado de precariedad.

Además, una de cada cuatro familias considera que su hogar, ahora, es menos seguro para sus hijos, y se destaca también que «se ha resentido enormemente» la capacidad de ahorro de las familias, que además guarda relación directa con el número de hijos a cargo. Teniendo en cuenta la dificultad trasladada por muchos encuestados para acceder a las ayudas en el ámbito familiar -«por desconocimiento, complejidad en los trámites o requisitos que no pueden probar»- y las demoras en la percepción o «la insuficiencia de las cuantías», la consecuencia es lógica: mayor riesgo para colectivos especialmente vulnerables, como familias monoparentales, cuya tasa de pobreza es mayor, y las de origen extranjero.

Respecto a la educación, se destaca que más de 48.000 estudiantes padecieron discontinuidad en sus estudios (los últimos volvieron a la presencialidad en febrero) y que uno de cada cinco encuestados acudía a centros de acogida, algo que ya se ha solucionado (desde principios de este curso). En cuanto a los efectos de la pérdida lectiva, el 71,6% reportó afectación en su estado emocional, casi la mitad al rendimiento (48,4%) y un tercio a sus relaciones sociales, tanto en el colegio o instituto (33,3%) como en el barrio o pueblo (30%). En el apartado de necesidades, además de la lógica reparación de las infraestructuras dañadas, el trabajo de campo destacó la petición de apoyo psicosocial para los alumnos (50,1%), y de más plantilla con perfiles especializados para este fin (38,5%).

Desde el punto de vista social, se pone el foco en las actividades que se han dejado de hacer debido a los daños en equipamientos y en el entorno -el 45,4% ha tenido que renunciar a las deportivas, un tercio a salidas y quedadas al aire libre con amigos y familiares y un cuarto a extraescolares-, mientras que a la hora de abordar el impacto en la salud mental se diferencian las consecuencias entre niños de Primaria (de seis a once años) y adolescentes de Secundaria (de 12 a 17). Entre los primeros, las mayores afecciones que han trasladado los progenitores encuestados son el miedo a la lluvia, a las tormentas, al ruido intenso o a separarse de sus padres (el 30,6% del total), los problemas para dormir (pesadillas, hacerlo solo o insomnio, que lo refieren el 24,3%), y las dificultades en los estudios y en la concentración (13,4%). Entre los segundos, esta es la principal problemática (12,4%), seguida de las dificultades para dormir (11,3%) y del aumento del tiempo dedicado al móvil, la tablet o el ordenador (11%).

Además, en el apartado del estudio sobre el ámbito social y la salud mental, la oenegé traslada una advertencia: el mayor riesgo para la infancia de ser víctima de maltrato, en el sentido más amplio de la palabra. «Nuestro trabajo nos ofrece sólidas evidencias de un aumento del riesgo de violencia, abuso, explotación o negligencia por la situación de vulnerabilidad que se genera tras desastres y emergencias», se señala, antes de señalar que esta problemática «guarda relación con el cierre de espacios públicos para la infancia, como los centros educativos, minimizando las posibilidades de detección de estas situaciones».

También se destaca que «diferentes profesionales que están trabajando en intervención directa en respuesta dana corroboran esta hipótesis», al señalar «un repunte en los posibles casos de violencia detectados, especialmente en el ámbito familiar, derivados de la difícil situación psicológica y el elevado nivel de estrés al que se enfrentan los hogares en contextos de crisis, que puede derivar en el uso de mecanismos de afrontamiento negativos, lo que aumenta el riesgo de violencia doméstica hacia niños, niñas y adolescentes».

El estudio incluye diferentes recomendaciones que se organizan en cuatro ejes temáticos: afrontar la crisis climática y sus consecuencias en la infancia y la adolescencia en la fase de reconstrucción (por ejemplo, campañas de autoprotección, con materiales adaptados, o la priorización de la rehabilitación de zonas verdes y de esparcimiento social); incidir en la recuperación socioeconómica de las familias con hijos (en síntesis, mejorar la efectividad y cobertura de las ayudas); apostar por un sistema educativo más resiliente (evitar en todo lo posible la discontinuidad o mejorar la formación y protección ante emergencias); y asegurar la protección de la infancia y la adolescencia especialmente en materia de salud mental (desarrollo de entornos seguros y amigables, protocolos de coordinación con servicios sociales, mejoras en la capacitación de profesionales intervinientes en la detección de casos de violencia, seguir incrementado los recursos sanitarios especializados y abordar inmediatamente las consecuencias de la emergencia en el bienestar de niños, niñas y adolescentes).

Como defiende Save the Children, un año después la reconstrucción se impulsa sobre todo desde las infraestructuras y la reactivación económica, por lo que advierte de la importancia de no dejar de lado a la infancia, un colectivo de atención prioritaria en el proceso. «Es necesario reforzar la respuesta en ámbitos como la educación, la salud mental y el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, incorporando un enfoque preventivo y situando a los niños en el centro de las decisiones para garantizar sus derechos y fortalecer su resiliencia ante futuras emergencias», en palabras del director en la Comunitat, Rodrigo Hernández.