«Me han retrasado el juicio hasta fines de 2024»

Tras los letrados de la administración de Justicia, jueces y fiscales, le toca el turno a los funcionarios que han comenzado una huelga indefinida que ha obligado a aplazar juicios y vistas en la Comunitat Valenciana. Según los sindicatos, los paros, que se iniciaron el pasado mes de abril, han llevado a la suspensión de medio millón de juicios y 30 millones de actuaciones en España.

Muchos abogados, testigos y peritos han acudido a un juicio señalado desde hace tiempo y se han dado con la puerta en las narices. Como ya sucedió con la huelga de letrados de la administración de Justicia (LAJ), los antiguos secretarios judiciales, los participantes no han sido avisados con antelación y al acudir a la sala se han visto con que su señalamiento ha sido suspendido. Es lo que les ha sucedido en el caso del Penal 6 de la Ciudad de la Justicia. Si que se han celebrado, en cambio, el del caso Taula y otro con jurado por un asesinato en el que hay un detenido en prisión provisional por lo que se incluye en los servicios mínimos.

Los sindicatos convocantes de la protesta (UGT, CCOO, CSIF y STAJ) han señalado que a nivel nacional se han suspendido medio millón de juicios y más de 30 millones de actuaciones judiciales. También advierten que la situación va a continuar en los próximos días, donde se van a sufrir más demoras y aplazamientos por la huelga indefinida «mientras el Ministerio de Justicia sigue sin convocar una reunión ni presentar una propuesta al comité de huelga que permita desbloquear la situación».

Los sindicatos no han dado cifras de participación en la Comunitat Valenciana, pero según la Conselleria de Justicia, la huelga sólo ha sido secundada por el 1,59% de los funcionarios (90 sobre una plantilla total de 5.650 trabajadores de la administración de Justicia). En cualquier caso, el seguimiento de los paros ha sido desigual tal y como se podía apreciar en la Ciudad de Justicia de Valencia donde había salas en las que se celebraba con normalidad y otras en las que se habían suspendido.

La Ciudad de Justicia de Valencia se ha visto afectada por estos paros. En las paredes y columnas había carteles anunciando la huelga que en algunos casos ha obligado a la suspensión de varios juicios. Es lo que les ha pasado a Miguel Ángel (el abogado) y Laura, su cliente. Han acudido a su juicio por un despido y no se ha podido celebrar pese a que el señalamiento es de hace nueve meses. «Ahora me van a trasladar el juicio a finales de 2024», afirma Laura. «En el caso de que no podamos llegar a un acuerdo esto se va a demorar varios meses. Y eso que se trata de un asunto urgente, como dice la ley», afirma su abogado.

Los dos han acudido con normalidad a la celebración de su juicio y se han encontrado con que la huelga ha obligado a suspenderlo. «Nadie nos ha dicho nada. Ha sido al llegar aquí cuando nos hemos enterado», ha señalado Miguel Ángel.

Esta es una de las principales quejas de los afectados. «No nos avisan y si lo suspenden pierdes la mañana», afirma Luis, otro abogado que espera a que le atiendan en el juzgado por otros asuntos. «Soy de Bensaguasil y venir hasta aquí me cuesta entre media hora y tres cuartos». Si vengo pierdo la mañana y los dos días de estudio previos al juicio«, afirma enfadado.

No es la primera vez que Luis sufre en sus carnes las consecuencias una huelga. Ya le pasó lo mismo con los paros de dos meses que hicieron los letrados de la administración de Justicia. Ha visto como algunos de sus asuntos se han retrasado hasta 2025. «Y los clientes la toman con nosotros. Somos lo que más cerca tienen y nos responsabilizan», señala Manuela, también letrada. «Es lógico que los clientes se enfaden pero nosotros somos los que pagamos las consecuencias pese a que no tenemos ninguna culpa», continúa señalando la abogada.

En el caso del juzgado de instrucción número 1 hay ocho funcionarios de los que tres han secundado los paros. No ha sido el caso de Juan que por responsabilidad ha acudido hoy aunque piensa secundar la huelga en los próximos días. «Si no vengo se habría suspendido un juicio por tercera vez y ya me parecía un poco fuerte. Me ha dado pena y por eso he venido», recalca.

La palabra clave de lo que está sucediendo la da Miguel Ángel, un abogado que trabaja en varios partidos judiciales alrededor del área metropolitana de Valencia. La sensación es de «incertidumbre», explica y añade que «no sabes lo que te vas a encontrar». Resalta que él ha tenido que llamar «para saber si se celebraba o no la vista». Al final no ha tenido suerte.

«Tampoco sé lo que pasará mañana y pasado que también tengo otros juicios», afirma y señala que toda esta situación le está generando un estrés acumulado al que habitualmente genera su profesión. A todo ello se une los desplazamientos que tiene que realizar y la pérdida de tiempo que le supone venir y encontrarse con que la vista no se va a celebrar.

Daniel también es abogado y ha visto como el juicio de Lo Social que tenía previsto esta mañana se ha suspendido. «No han avisado y sólo me he enterado al llegar aquí.

Los funcionarios, como jueces y letrados de la administración de Justicia reclaman para sí un incremento salarial de en torno a los 400 euros y el compromiso de reforzar los medios humanos y materiales. «A partir del 22 de mayo, huelga indefinida en la Administración de Justicia. No al clasismo. No a los privilegios», reza el lema de las organizaciones convocantes, entre las que figuran CSIF, CC OO y UGT.

Este colectivo lleva con huelgas parciales desde abril y ahora la protesta se ha convertido en indefinida. El pasado jueves los representantes sindicales de los funcionarios se levantaron de la mesa de negociaciones ante los representantes de Justicia y Hacienda antes de pactar unos servicios mínimos. Su argumento es que no se puede conversar ante «un Gobierno sordo y ciego ante una justicia que revienta por los cuatro costados».

Fuentes sindicales han señalado que estos paros han afectado ya a millones de ciudadano «que ven sus juicios demorados varios meses o años y sus asuntos paralizados por la actitud irresponsable de las Ministras de Justicia y de Hacienda y del Presidente del Gobierno que tiene la petición de intervención en el conflicto en su mano». «Somos -se añade- el 93% de la oficina judicial y quienes sacamos adelante el ingente trabajo en los Juzgados que otros cobran».

Los funcionarios piden disculpas públicas a los ciudadanos, pero mantienen su pulso con el Gobierno. El pasado viernes la ministra Llop, jueza de carrera, recibió un sonoro abucheó durante la entrega de premios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al grito de «un mes de huelga sin negociación».

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