Ecologistas denuncian ante Fiscalía posibles vertidos irregulares en el parque de la Albufera
El colectivo pide que se investigue varios movimientos de tierra y posibles anomalías en la gestión de residuos en la zona del marjal norte, términos de Catarroja y Massanassa
EFE
Valencia
Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:17
Acció Ecologista-Agró ha presentado una solicitud formal ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue varios movimientos de tierras y posibles vertidos o gestión irregular de residuos en zonas protegidas de la marjal norte del Parque Natural de la Albufera, en los términos municipales de Catarroja y Massanassa.
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La entidad ecologista ha documentado alteraciones en la topografía de zonas inundables, modificación de márgenes y acequias, aportación de materiales ajenos e indicios de uso de residuos como material de cumplimentación, ha informado en un comunicado.
Según el contenido remitido a la Fiscalía, estas actuaciones se están llevando a cabo sin señalización de obra, sin autorización del Parque Natural ni informe previo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La entidad ecologista ha alertado que cualquier movimiento de tierras sin control puede provocar daños graves al marjal, especialmente en el contexto actual, donde todavía hay una gran cantidad de residuos dispersos a raíz de la dana de octubre de 2024.
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Ha señalado que la posible incorporación de residuos a las colmataciones o su ocultación bajo capas de tierra puede dificultar su retirada, contaminar el suelo a mayor profundidad y afectar negativamente los flujos de inundación y drenaje.
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Acció Ecologista-Agró considera que los hechos pueden vulnerar varios instrumentos normativos, como por ejemplo, el PORN del Parque Natural de la Albufera; la Ley de Residuos y Suelos Contaminados; la Ley de Aguas, o los artículos 319, 325 y 328 del Código Penal, en caso de que las actuaciones puedan constituir delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente o la gestión ilegal de residuos.
Por ello, pide a la Fiscalía la apertura diligencias de investigación; la comprobación de la existencia o inexistencia de autorizaciones administrativas; un informe urgente de la CHJ sobre posible afectación del dominio público hidráulico; la valoración de posibles infracciones administrativas o penales, y la adopción de medidas cautelares para evitar la continuidad de las actuaciones.
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