Ecologistas y colectivos vecinales recurren ante los tribunales plantas de renovables proyectadas en la Comunitat por su afección a la agricultura

Acció Ecologista-Agró ha presentado recurso frente a las dos declaraciones de interés prioritario energético en el Valle de Ayora y la planta fotovoltaica que afectaría a la Gigafactoría de Sagunto. En ambos casos, existe una afección a la agricultura, al sector primario y a la economía de las comarcas afectadas.

En el caso del Valle de Ayora, la declaración de prioridad energética, interpretada literalmente, supone que todo el suelo no urbanizable común podría estar cubierto de placas solares. Es un caso extremo y altamente improbable, pero actualmente ya existen proyectos que ocuparían más de 2.000 hectáreas que sustituirían fundamentalmente la producción agrícola. Además de las empresas y la Generalitat, los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel, también defienden la declaración de prioridad energética. Se calcula que estas plantas crearán 20 empleos, pero restarán 40.

En Sagunto, la planta fotovoltaica de la Gigafactoría de Volkswagen con una superficie proyectada de unas 270 hectáreas en la partida de Montíber, distribuidas en 431 parcelas, afectaría a casi 300 agricultores. A pesar de existir cerca de 564 hectáreas libres de afecciones medioambientales y al sector agrícola, en ubicaciones sobre edificios de uso industrial, comercial y aparcamientos, entre otras, que permitirían producir el doble de megavatios de potencia propuestos por PowerCo sobre estas tierras de muy alto valor ecológico, tal como señala el estudio de alternativas elaborado por la Plataforma en Defensa del Territorio del Camp de Morvedre, de la cual forma parte AE-Agró.

ANAV (Asociación de Naturalistas de Ayora y la Valle) está recurriendo también los diferentes proyectos que se están desarrollando en el Valle, tanto ante el TSJ de la Comunidad Valenciana, en el caso de proyectos de competencia autonómica, como ante el TSJ de la Comunidad de Madrid, en el caso de los proyectos de competencia estatal. También han presentado una denuncia ante fiscalía y una petición al Parlamento Europeo.

No son los únicos, las denuncias se están dando por todo el territorio valenciano. Acció Ecologista - Agró y Montesa Territori Viu, ha recurrido la línea de alta tensión Almansa - Montesa y la modificación de la subestación de Montesa. Como ya ha informado LAS PROVINCIAS. Ambos colectivos vienen denunciando que la línea de alta tensión afecta a la actividad agrícola tanto en sus tramos soterrados, con más de 200 parcelas minifundistas; como aéreos, con otras 200. «La Costera y el Valle de Montesa ya soportan una importante carga de infraestructuras que han devaluado la actividad agrícola y ganadera. Si se concretan las plantas fotovoltaicas de Llanera o Moixent, de apoyo al trasvase, promovidas por Acuamed, también se recurrirán en vía contenciosa», apuntan.

En la Serranía, en Villar del Arzobispo han denunciado ante fiscalía las irregularidades en la tramitación de las plantas. La propia Fiscalía de Medio Ambiente del Estado advierte graves irregularidades en los expedientes presentados. Según la Plataforma vecinal 'Pueblo Vivo', las afecciones a la agricultura local serían «gravísimas». Cabe recordar que en la zona están previstas hasta 16 plantas fotovoltaicas de 50 megavatios. Aseguran que la ubicación es en áreas de regadío y denuncian que «no se instala ni un metro de estas macroplantas en las abundantes canteras colmadas del lugar».

Hablan de pérdidas cuantiosas. «Las comunidades de regantes pueden perder, caso de la de La Hoya, hasta un 35% de la superficie, que no sólo redunda en la pérdida de parte de las inversiones iniciales de 6 millones de euros, la mitad en ayudas europeas, sino en la producción de la Cooperativa Agrícola que pierde un 20% de su facturación y, por ende, a 7 de sus 40 trabajadores».

Son muchos más los casos de denuncia. La asociación 'Defiende tu pueblo' ha denunciado ante fiscalía diferentes plantas que se ubican en la Serranía y Camp de Turia. En Castellón, ARBA Alto Palancia ha presentado sendas denuncias contra la PSF Espadán y Espadán II, en Soneja y Segorbe Sol, en Segorbe. Esta asociación está ya dando los pasos para recurrir en vía contencioso - administrativa estas plantas.

En Alicante, la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat presentó dos denuncias a fiscalía por dos plantas (PFV Alcoi y PFV Benifallim). Mientras que, en Castalla, una asociación local ha recurrido la FV Castalla ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Un proyecto que logró paralizarse fue el de Coves de Vinromà. La asociación la 'Nostra Terra', junto con el Ayuntamiento y un particular, recurrieron el procedimiento para autorizar la planta «Magda». Esta planta que inicialmente afectaba a 472 hectáreas, de tierras en plena producción, finalmente no se autorizó y el procedimiento no continuó.

Las asociaciones ecologistas se quejan de «las mentiras del sector renovable» para aminorar las dudas de las poblaciones. «Generalmente prometen muchos puestos de trabajo, que posteriormente, no se cumplen. Los cálculos de plantas fotovoltaicas en funcionamiento apuntan a un puesto de trabajo por cada 100 hectáreas. Puestos de trabajo de baja cualificación y salario. Muchos trabajos se externalizan por empresas de otras localidades», denuncian.

Por otro lado, estas mismas asociaciones ecologistas se quejan de los ataques de ciertos influencers del sector primario, y políticos, que culpan a los ecologistas de esta situación, a pesar de que son los que realmente están defendiendo al sector primario. «Los decretos que favorecen la implantación de las renovables a costa de la agricultura se están aprobando con los votos favorables de los principales partidos, incluidos aquellos que, como Vox, critican a las renovables, pero votan a favor de los decretos que los favorecen», indican.

Por otra parte, lamentan que las organizaciones agrarias no se están movilizando al respecto. «En los tribunales no los vemos, aunque en las plataformas y colectivos locales se pueden encontrar agricultores afectados por las plantas, y alguna cooperativa agrícola, como la de Viver», apuntan.

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