«Cada vez es más difícil tramitar las expulsiones de argelinos»

Varios policías destinados en Valencia han denunciado las trabas que se encuentran por parte del consulado de Argelia para tramitar los expedientes de expulsión de inmigrantes indocumentados de este país, así como el agravamiento del problema desde el inicio de la crisis diplomática del Gobierno español con Argelia.

La incoación de numerosos expedientes, las medidas cautelares de detención e internamiento y las peticiones, quejas y recursos de los propios inmigrantes están retrasando las resoluciones finales de expulsión de extranjeros, que son comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de Argelia.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, 33 inmigrantes argelinos que fueron apresados en la Comunitat Valenciana por residir de forma ilegal en España o por la comisión de algún delito, acabaron en la calle la semana pasada tras pasar el tiempo máximo permitido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Según fuentes policiales, una de las causas principales de la interrupción de los procesos de expulsión radica en el hecho de que el consulado de Argelia ha retrasado o no ha resuelto los procesos de documentación de sus ciudadanos para retornarlos.

Las mismas fuentes han señalado que, antes de la crisis diplomática, la relación era más fluida entre las fuerzas de seguridad españolas y el país africano a la hora de tramitar los expedientes de expulsión de inmigrantes, pero ahora «cada vez es más difícil tramitar las expulsiones de argelinos».

Y los efectos empiezan a verse ahora reflejados sobre los arrestos de inmigrantes argelinos en situación irregular, muchos de ellos jóvenes con antecedentes policiales, que no pueden ser expulsados de España si las autoridades de Argelia no colaboran.

Tras la puesta en libertad de 33 argelinos, al cumplirse el plazo de internamiento sin que el consulado tramitara su documentación, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia tiene 56 internos, 15 de ellos argelinos, con fecha de 14 de junio, según fuentes policiales.

El paso imprescindible para que se produzca la vuelta a su país de origen de extranjeros con expediente de estancia irregular abierto es que la nación los reconozca como propio. Una actitud muy habitual de los inmigrantes que llegan en pateras es deshacerse de los documentos que acreditan su identidad para así hacer absolutamente inviable el proceso de expulsión. En estos casos, sólo la colaboración del país de origen de los mismos, reconociendo su procedencia, permite expulsar a los inmigrantes.

Proceso de expulsión

Una vez incoado el expediente sancionador con la propuesta de expulsión del territorio español, el instructor puede solicitar al juez que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento mientras se realiza la tramitación del expediente.

El juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, debe resolver mediante un auto motivado las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes.

Cuando ingresan en el CIE, los extranjeros tiene derecho a ser informados de su situación, haciéndoles entrega de un boletín redactado en su idioma con información acerca también de sus obligaciones y las normas que deben cumplir.

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