El Consell recurre el reparto de menores migrantes del Gobierno ante el Constitucional

El 1 de abril se iniciaron los trámites para recurrir la norma y ahora, con el aval del CJC, el Consell ha dado el paso para empezar la batalla jurídica contra el Real Decreto-Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias para realojar menores de zonas tensionadas como Canarias o Ceuta a otras regiones del país.

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Igualdad, Servicios Sociales y Vivienda, Susana Camarero, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este martes los aspectos más relevantes del dictamen emitido por el CJC. El ente jurídico consultivo considera que hay argumentos suficientes según la doctrina del propio Tribunal Constitucional «para poner en tela de juicio la legalidad del real decreto».

El primer aspectos aducido por Camarero para justificar el recurso ha sido el hecho de que el el Gobierno central pretenda llevar a cabo el reparto de menores a través de un decreto ley «sin justificar la extraordinaria urgente necesidad» exigida por la Constitución cuando atañe a derechos fundamentales de las personas. La número 2 de la Generalitat ha aseverado que, en tanto en cuanto el reparto afecta a derechos fundamentales, la forma jurídica que tenía que adoptar la norma es un ley orgánica y no un decreto ley.

Asimismo, la vicepresidenta ha criticado que el reparto «invade competencia autonómicas exclusivas de las comunidades autónomas como la atención y la integración social de menores no acompañados». «Vulnera tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía valenciano», ha lamentado.

Asimismo, Camarero ha afeado la falta de diálogo institucional existente entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los gobiernos regionales: «Se imponen impone decisiones unilaterales por parte del Estado dejando de lado principios como la lealtad y la cooperación constitucional, sin negociar ni coordinar ni hablar con las comunidades».

La vicepresidenta también ha puesto el foco en la escasa aportación financiera de la Administración General del Estado para atender el alojamiento de los nuevos menores. «Este decreto ley no sólo es jurídicamente cuestionable sino que además impone cargas y recursos», ha aseverado Camarero que ha explicado que el Consell ha recurrido ante el Constitucional «en defensa de nuestras competencias y autogobierno» y que no prevé «ni un sólo euro» para solucionar esta problemática.

La llegada de los 500 menores migrantes no acompañados que el Gobierno quiere alojar en la Comunitat en el nuevo reparto agravaría sobremanera el colapso que sufren ya los centros valencianos. Camarero advirtió a principios de mayo, tras la celebración de la polémica conferencia sectorial, que si la saturación actual de las instalaciones autonómicas está alrededor del 160%, la arribada del medio millar que, según el Ejecutivo, le tocaría asumir a la región haría ascender dicho porcentaje hasta el 300%, es decir, cuatro veces más que la capacidad actual del sistema de protección.

Camarero explicó que el sistema de protección de la Generalitat está dotado ahora mismo con 317 plazas, contando las 122 ampliadas con respecto a la etapa del Botánico, y en estos momentos se está atendiendo a unos 470 o 480 menores migrantes, factor que para la vicepresidenta demuestra la tensión de la red asistencial. Además, también comentó que durante el pasado año los Servicios Sociales valencianos dieron alojamiento en sus centros a un millar de menores migrantes y que ya el año pasado se tuvo que activar de urgencia un albergue propiedad del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) en la localidad alicantina de Biar.

En materia de financiación, la número 2 del Consell recordó que la Generalitat asume 23 millones de euros anuales para afrontar este proyecto migratorio con una ínfima ayuda del Gobierno central de apenas un millón así como que harían falta otros 40 millones de inversión para acoger a los nuevo 500 menores.