El Consell prioriza los avisos de emergencias por la falta de obras hidráulicas del Gobierno

Entre las 343 medidas de la versión definitiva del plan de reconstrucción aprobado el pasado jueves por el Consell destaca una de las iniciativas sobre la que se la Vicepresidencia Segunda para la Recuperación ya está trabajando: 'Definir el Plan director de Análisis, Anticipación y Reacción ante Catástrofes Naturales'.

De cara al primer aniversario de la dana, la Generalitat sabe que debe apostar por la autoprotección ciudadana, la mejora y redundancia de los mensajes de alerta y el conocimiento de la población sobre cómo actuar ante una inundación a sabiendas de que el Ejecutivo, la administración competente en materia hidráulica, no ha construido nuevas infraestructuras antirriadas más allá de haber llevado a cabo obras de reparación y la limpieza de algunos cauces. De cara al futuro, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sólo ha reconocido que tendrá que ampliar la capacidad del nuevo cauce del Turia para asumir el desvío de barrancos como el Poyo y la Saleta y ha tramitado el proyecto de conexión de esta segunda rambla al Plan Sur. El resto de proyectos se redactarán a partir de 2026.

Desde el Consell han reivindicado al Gobierno la necesidad de que lleve a cabo obras estructurales de envergadura en las cuencas de los barrancos del Poyo, la Saleta, el río Magro o el Turia. Por ello se ha plasmado en el plan la creación de una empresa pública mixta, participada por la Administración General del Estado y la autonómica, para acometer las infraestructuras hidráulicas necesarias para mitigar el impacto de otra catástrofe similar.

Según la cronología de la Generalitat, esta medida debe ser impulsada antes del 29-O, pero la CHJ ya ha mostrado sus reticencias vía alegaciones defendiendo que la proyección y la ejecución de infraestructuras se enmarca dentro de la planificación hidrológica de la propia Confederación. Además, el organismo de la cuenca reprochó al Consell que esta medida fuese «adoptada unilateralmente y sin previo acuerdo con la otra Administración afectada» y que ello representa «un exceso en el ejercicio de las competencias de la GVA, con invasión o injerencia en las que son propias de la AGE».

Esta actuación se suma a otra petición para actualizar el SAIH, el sistema que recoge datos de caudal de los barrancos y sobre el que la Guardia Civil ha puesto el foco en su informe por el 'apagón informativo' a la hora de advertir de la crecida del Poyo en las horas más críticas de la tragedia. El Partido Popular ha decidido llevar este estudio a Bruselas, pese a haber sido desacreditado por la jueza de la dana, para cargar contra la entonces ministra de Transición Ecológica y ahora comisaria, Teresa Ribera. El PP asegura que Ribera «ocultó datos clave» contradiciendo su propia declaración durante la audiencia previa a su nombramiento como vicepresidenta del ejecutivo comunitario respecto a las alertas del 29-O.

Ante este escenario de nuevo desencuentro institucional y con el otoño cada vez más cerca, el nuevo plan director de reacción ante catástrofes enmarcado en 'Endavant' propone establecer protocolos de activación por niveles de emergencia, rutas de evacuación, puntos seguros y la asignación de funciones por administración para una buena coordinación administrativa a la hora de hacer frente a una emergencia de este tipo.

Entre las propuestas se encuentran la integración de servicios esenciales (como salud, protección civil o atención social) en un sistema operativo conjunto; tener criterios de protección y atención específica para colectivos vulnerables (personas mayores, con discapacidad, menores) en los protocolos de evacuación y asistencia, la realización de simulacros periódicos para recordar a las personas los protocolos de actuación, el diseño de un sistema de comunicación multicanal para alertas y directrices durante emergencias, combinando medios digitales (SMS, aplicaciones móviles, redes sociales, TV, paneles informativos) y analógicos (altavoces, megafonía, sirenas); asegurar el formato de fácil lectura de las comunicaciones para garantizar también su comprensión por parte personas con discapacidad con cualquier tipo de discapacidad o dificultades de acceso digital además de intentar garantizar la accesibilidad a de las plataformas informativas a través de internet.

El plan también detalla iniciativas más específicas como la creación de un registro voluntario de personas con discapacidad vinculado al empadronamiento para priorizar su atención en futuras emergencias, programas formativos para la ciudadanía, empresas y trabajadores sobre cómo afrontar desastres o definir zonas preparadas para acoger animales de compañía y asistencia en caso de catástrofe.

El director general del Plan de Recuperación y Reconstrucción, Rafael González, apuesta por divulgar «la cultura de la anticipación» y anuncia que las formaciones en materia de emergencias serán periódicas y se llevarán a cabo simulacros en municipios con riesgo de inundación, haciendo hincapié en centros educativos, comités locales de emergencia y ciudadanía en general, tanto en modalidades presenciales como online.