El Consell pondrá funcionarios a vigilar el juego en la Comunitat

La modificación del artículo 55 de la Ley 1/2020 de 11 de junio, de la Generalitat, de Regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana, el que aborda el apartado de inspecciones, propuesta por el departamento que encabeza Ruth Merino se encuentra fase de audiencia ciudadana en el portal GVA Participa para la presentación de alegaciones hasta el próximo día 11 de septiembre.

Desde Hacienda buscan reforzar las inspecciones permitiendo que el director general de Tributos y Juego pueda habilitar a funcionarios del grupo A y los subgrupos A1 y A2 para que efectúen de manera temporal actuaciones ordinarias relacionadas con la vigilancia y el control de estas actividades en sustitución o colaboración con el personal destinado en puestos de inspección de juego «cuando las necesidades del servicio lo requieran».

Los efectivos reasignados como inspectores continuarán percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo. No obstante, cuando la habilitación exija la dedicación exclusiva durante toda su jornada laboral y las retribuciones de su empleo fueran de nivel inferior, el personal habilitado tendrá derecho a percibir los salarios asignados a los puestos de trabajo de nivel mínimo reservados a los inspectores mediante el abono de las correspondientes diferencias retributivas.

La nueva habilitación se conferirá mediante resolución del dirección general competente con el consentimiento previo del personal en cuestión y el informe favorable de la subsecretaría del departamento al que esté adscrito. Dicha habilitación podrá ser revocada en cualquier momento por la misma subsecretaría.

En la resolución habilitadora se indicará el ámbito sectorial o, en su caso, las materias o actuaciones en las que puede ejercerse, así como su duración y si el ejercicio de dicha habilitación exige dedicación exclusiva durante toda la jornada laboral.

Fuentes de la conselleria resaltan que por primera vez la Generalitat ha puesto en marcha la asignación del 60% los ingresos derivados de las sanciones por juego a programas de prevención de la ludopatía, tal y como exige la ley de Juego de 2020. En este sentido, cerca de 420.000 euros del total de 700.000 recaudados a través de sanciones, irán destinados a políticas de prevención de esta adicción, que se materializarán en su gran mayoría a través de las Unidades de Prevención Comunitaria de las Conductas Adictivas (Upcas).

Estas unidades trabajan directamente con la población más vulnerable y han contribuido a reducir la prevalencia del juego problemático al nivel más bajo desde que se mide. Por otro lado, los 300.000 euros restantes irán destinado a crear varios puestos fijos de inspectores.

Asimismo, las mismas voces recuerdan que el actual equipo gestor de Hacienda ha aprobado el Plan de inspección del Juego 2024-2026, una herramienta inexistente hasta la fecha y que representa el punto de partida para desarrollar los controles estipulados en la normativa.

Además, señalan que el Botánico nunca aprobó la Estrategia Valenciana integral de prevención y tratamiento del juego patológico, la principal medida de prevención de la ludopatía. Dicha inacción «ha impedido poder afectar el dinero recaudado por las sanciones en materia de juego a programas específicos de prevención, tal como exige la Ley, ya que es en la Estrategia donde están previstos esos programas».

Merino apunta que el Consell de Mazón «se toma muy en serio la regulación del sector en todas sus vertientes»: el control del cumplimiento de la legalidad por parte de los operadores y la prevención mediante la protección de los colectivos vulnerables o en riesgo. «El anterior Consell se dejó los deberes por hacer en esta materia, ya que la Ley del Juego 2020 no ha sido efectiva al no ponerse nunca en marcha ni la Estrategia, un control del juego ordenado, con unidad de criterio y una programación efectiva como la que se consigue con el Plan de Inspección», sentencia la titular de Hacienda.

Según el último informe anual de juego en la Comunitat, el relativo a 2023 dado que el del año pasado todavía se encuentra en elaboración, la Generalitat abrió 60 expedientes por faltas muy graves y 158 por infracciones graves y leves. En cuanto a la resolución de dichos trámites, 63 fueron dictadas como muy graves, 79 graves y leves y se interpusieron 13 recursos de alzada. El importe de las sanciones impuestas durante el año 2023, fue de 723.132 euros, un 12,93% menor a los 830.541 de 2022.

Las materias infractoras en los expedientes resueltos por faltas muy graves recayeron, preferentemente, sobre el juego ilegal, el funcionamiento deficiente del control de admisión y las máquinas recreativas y de azar.

En concreto, por juego ilegal se tramitaron 18 expedientes con sanciones impuestas por un importe de 168.616 euros; por funcionamiento deficiente del control de admisión se incoaron 30 expedientes, siete de ellos por permitir la presencia o práctica del juego a menores de edad con multas impuestas de 269.000 euros; y por infracciones muy graves relacionadas con máquinas recreativas y de azar se llevaron a cabo seis expedientes con sanciones impuestas por un importe de 105.721 euros.

En cuanto a los salones de juego, realizaron 23 expedientes por infracciones muy graves, fundamentalmente por infracciones referidas al funcionamiento deficiente del control de admisión y sobre máquinas con un montante recaudado que ascendió a 135.004 euros.

Respecto a las salas de bingo, se hicieron 13 expedientes, casi todos ellos referidos al funcionamiento deficiente del control de admisión con sanciones impuestas que alcanzaron los 142.000 euros.