El Consell consolida la inversión en las universidades, que llegará al menos a 1.103 millones anuales

Así se recoge en el nuevo plan plurianual de financiación que han firmado este miércoles el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y los rectores y rectoras de las cinco universidades públicas: Mavi Mestre (Universitat de València), José E. Capilla (Politècnica), Amparo Navarro (Alicante), Eva Alcón (Jaume I de Castellón) y Juan José Ruiz (Miguel Hernández de Elche).

Ha sido un acto protocolario marcado por dos claves. La primera, el entendimiento entre partes, con constantes muestras de satisfacción compartida por lo que supone el acuerdo: estabilidad presupuestaria que facilita la gestión y la planificación de la inversión. Sea para rejuvenecer plantillas, nuevas infraestructuras, equipos de docencia o investigación o apuestas estratégicas. Y la segunda, que se trata de un acuerdo vivo, «con vocación de seguir avanzando» en palabras del presidente Carlos Mazón, que ha vinculado futuras mejoras en la inversión más allá de las variables citadas a las posibilidades económicas de la Generalitat -«siempre que la disponibilidad presupuestaria lo permita»- o en caso de que se atienda la reivindicación valenciana de un nuevo modelo de financiación, idea que ha expresado con un símil: «Si el amo de las llaves (el Gobierno) abre la despensa». Durante su discurso, Mazón ha defendido como ejemplo de «principios» que guían a su administración el hecho de que el nuevo modelo llegue en el peor momento financiero de la Comunitat, provocado, precisamente, por el inmovilismo del Ejecutivo central sobre la cuestión.

Las intervenciones de los rectores y rectoras han seguido una línea similar. También en la parte reivindicativa, pues aunque la satisfacción es unánime se ha instado a la administración a seguir avanzando para concretar cómo articular inversiones por necesidades singulares (patrimonio, especialización o dispersión de instalaciones, por ejemplo) y por objetivos de rendimiento (transferencia, empleabilidad, internacionalización, etcétera). Estos dos flecos, que el acuerdo aborda sin concretar y supedita a futuros pactos o contratos programa, son los que Mazón ha vinculado con la salud de las cuentas de la Generalitat. Eso sí, ha dicho que comparte la importancia desarrollarlos.

La clave del acuerdo, que fue avanzado en exclusiva por LAS PROVINCIAS, radica en que los equipos de dirección de las universidades sabrán el dinero del que disponen en cada anualidad, sin tener que negociar, de cara a la elaboración de los presupuestos anuales de la Generalitat, partidas específicas que, históricamente, han resultados espinosas. Como la relacionada con los costes derivados de normativas estatales y autonómicas o la que servía para complementar las transferencias ordinarias: el llamado fondo de transición, que se completaba antes de que venciera el ejercicio en cuestión gracias a remanentes de otras partidas y modificaciones de crédito. Es decir, haciendo encaje de bolillos.

Ahora todos estos conceptos se consolidan como parte de la financiación básica: los 1.104 millones, que incluyen también la compensación por la reducción de tasas. Hasta la fecha, tomando como referencia las cuentas de 2025, se garantizaba un mínimo de 1.053. El resto (por ejemplo el citado aumento del fondo de transición o por los costes externos, claves para cuadrar los balances universitarios) estaban sujetos a negociaciones o modificaciones presupuestarias.

Por último, el acuerdo puede prorrogarse tres años más siempre que las partes expresen su conformidad, lo que significa que las cuantías consolidadas quedarían blindadas en los presupuestos sucesivos. Lo que es seguro es que con su configuración actual su vigencia se extenderá, como mínimo, hasta la próxima legislatura.