La alerta de Greenpeace sobre la costa de la Comunitat: «El crudo aviso de la dana cayó en saco roto»

Para Greenpeace, la catástrofe provocada por las inundaciones del pasado 29-O, que se saldó con 228 víctimas mortales y decenas de miles de millones de daños materiales, «no sirvió para paralizar proyectos en zonas de riesgo, más bien lo contrario». El colectivo ecologista afea que el Gobierno valenciano aprobase un decreto para simplificar los trámites que permitan construir en los primeros 200 metros de costa. Además, inciden en que están en trámite «otros cambios normativos que permitirían construir en zonas inundables, ahora restringidas». No obstante, cabe matizar que la propia Generalitat ya ha expuesto sus intenciones de modificar la normativa pertinente tras el desastre para limitar los tipos de construcción en el litoral.

«Mientras los impactos climáticos nos muestran su crudeza en esta región, la Generalitat Valenciana mira hacia otro lado, recuperando modelos litorales ya obsoletos y poniendo al límite los ecosistemas costeros que nos protegen», asevera la coordinadora de campañas de Greenpeace, Elvira Jiménez, sobre el regreso del ladrillo a la primera línea de playa.

A través de un comunicado adjunto al informe, desde el colectivo ecologista aseguran que a lo largo del litoral mediterráneo se está produciendo «una reactivación urbanística que evoca los años de la burbuja inmobiliaria». Greenpeace critica que los ideólogos de estos proyectos hablen de reactivación económica o solución a la crisis habitacional para amparar la reaparición de obras de fincas residenciales de gran escala, urbanizaciones turísticas y desarrollos en primera línea de mar, «ignorando la realidad de los impactos del cambio climático en esta zona».

Para ello, según indica la entidad, los promotores buscan un modelo de urbanismo en la costa mediante un cambio de usos del suelo «enfocado exclusivamente a los intereses inmobiliarios»: «El resultado final es el que ya conocemos: la saturación del modelo turístico». En la provincia de Valencia, Greenpeace pone como ejemplos de esta deriva urbanística el proyecto del PAI Bega-Port, conocido como 'Manhattan de Cullera', o el PAI del Puig.

Según expone la organización, el primero de estos proyectos ha vuelto a la escena con la reciente aprobación del plan adaptado a los nuevos parámetros urbanísticos por parte del Ayuntamiento de Cullera, que asumirá los costes de más de 90 millones de euros. Prevé la construcción de 4.883 viviendas, 35 torres de más de 25 plantas, incluyendo dos de 40 plantas, cuatro hoteles y un puerto deportivo, entre otras infraestructuras: «Todo ello en una zona inundable junto a la desembocadura del Júcar». Por su parte, el segundo plan pretende levantar 400 viviendas distribuidas en torres, adosados y unifamiliares, junto a la costa y en el entorno del Marjal del Puig.

Además, Greenpeace vuelve a cargar contra la ampliación del puerto de Valencia requiere de más de 25 millones de metros cúbicos de material de relleno, que se obtendrán del dragado del puerto de Sagunto, del puerto de Valencia y del banco de arena de Cullera para poder construir las explanadas de los nuevos muelles: «Está generando una fuerte oposición ciudadana por la desproporción del proyecto y los impactos ambientales, sociales y para la salud que traería aumentar el tráfico de grandes buques de contenedores». En este sentido recuerda que la Comissió Ciutat-Port, formada por casi 200 entidades, reclama la paralización de las obras y una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) tras el informe de un perito del TSJCV sobre la invalidez de la DIA actual, realizada en 2007, por cambios sustanciales en el proyecto.

El informe expone que la provincia de Valencia presenta el mayor riesgo de inundación en superficies artificiales a nivel regional que se encuentran situadas en los primeros diez kilómetros de costa, «debido al alto grado de urbanización de su franja litoral».

Greenpeace explica que la amenaza de las inundaciones responde a una combinación de factores naturales y humanos. Por un lado, la presencia de humedales, marjales y terrenos con muy poca altitud sobre el nivel del mar los convierte en espacios naturalmente inundables. Mientras que por otro, la intensa actividad urbanística ha modificado o destruido buena parte de estas zonas húmedas, incrementando la impermeabilización del suelo y reduciendo la capacidad natural de absorción del agua.

Y es que la Comunitat se caracteriza también por la ocurrencia de eventos de lluvias extremas al final del verano y principios del otoño, como la dana, «que exponen la vulnerabilidad del entorno, incrementada por la impermeabilidad del terreno por las superficies urbanizadas y la construcción en zonas inundables». Además, el factor de las altas temperaturas del mar Mediterráneo contribuye a aumentar la intensidad de las precipitaciones al proporcionar más humedad a la atmósfera.

En un escenario de cambio climático moderado, el colectivo ecologista advierte que los estudios proyectan un aumento de la temperatura superficial del mar de entre 0,5 y 1 grado en el periodo 2026-2045, junto con una subida del nivel medio del mar de hasta 0,25 metros. Este fenómeno de la regresión azota con fuerza a las playas del sur de Valencia, que hace menos de dos años fueron regeneradas con aportes de arena, pero que en algunos puntos como en la Garrofera han perdido ya 15 metros de los recuperados en 2023.

«Considerando este escenario climático, las zonas con mayor riesgo de inundación, debido tanto a la subida del nivel del mar como a los fenómenos meteorológicos, se concentran en áreas ligadas a desembocaduras fluviales y antiguos marjales, que abundan a lo largo de la costa valenciana», puntualizan desde Greenpeace poniendo como ejemplo la Albufera y otras áreas reconocidas oficialmente como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en la cartografía nacional.

Con respecto a la laguna valenciana candidata a ser declarada Reserva de la Biosfera, los ecologistas opinan que «aún se encuentra en grave estado de degradación» meses después de la dana. El desastre provocó la llegada de una gran cantidad de sedimentos y residuos de todo tipo que, a su juicio, aún están presentes, especialmente en la zona norte, la más afectada por la riada, así como los contaminantes provenientes de las zonas industriales que se inundaron. «Tanto las zonas de marjal como las zonas de playas requieren aún de grandes esfuerzos de limpieza», lamentan.