Las administraciones valencianas se unen en Alzira para luchar contra los grandes incendios forestales en España

Más de la mitad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana viven en 21 de los 542 municipios. Este dato aportado por Ferran Dalmau, técnico y miembro de la Fundació Pau Costa, ha sido todo un signo de atención para comprender cómo nos estamos relacionando con la naturaleza y la necesidad de cambiar.

Para no estar de espaldas a la naturaleza, se ha puesto sobre la mesa un documento que pide acciones concretas. El valle de la Casella, en Alzira, albergó la presentación del documento con representantes de todas las administraciones salvo de la Generalitat, que excusaron su ausencia.

Dos datos resaltan sobre el mismo. Es urgente gestionar anualmente, como mínimo, el 1% de la superficie forestal a nivel nacional, unas 260.000 hectáreas, para preparar el territorio frente al paso de los grandes incendios forestales, priorizando zonas estratégicas de actuación.

Para ello, se considera necesario establecer una cantidad aproximada de mil millones de euros al año a nivel nacional para gestionar el paisaje.

Dalmau ha pedido el apoyo al manifiesto que, por ejemplo, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez ya ha anunciado que ha firmado esta misma mañana. El primer edil ha insistido en la necesidad de más financiación para proteger a la ciudadanía.

En concretoe l anfitrión del encuentro, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha señalado que el reto de la gestión de incendios «es uno de los de más importantes que tenemos derivados de la emergencia climática. Y nosotros ya nos hemos puesto las pilas hace muchos años al trabajar ese tipo de temas. Entre otros, trabajar junto a la población, haciendo sus planes de autoprotección».

Además, señaló que cree que son el primer Ayuntamiento que ya está en ejecución subsidiaria en materia forestal, «porque si no lo hace la misma población afectada, tenemos que hacerlo porque nos obliga la ley y nosotros somos responsables de que se haga, al igual que saber si las casas están en condiciones».

Domínguez resaltó la importancia de acondicionar los espacios para que los bomberos puedan entrar y salir sin tanta biomasa y sin tanto peligro.

Abogó por la ausencia de colores en esta labor: «Todas las administraciones debemos estar en comunicación y en trabajo interinstitucional, porque esto no depende de una institución, depende de todas. Aquí hay montaña pública, de la Generalitat, del Ayuntamiento, los parajes naturales y hay montaña privada y lo que no podemos hacer es actuar en mosaicos. Los incendios no conocen fronteras y necesitamos actuar en común», manifestó.

Pero Domínguez incidió en el tema capital del dinero: «Ahora hemos hecho actuaciones porque hemos tenido dinero, pero dentro de dos años que tendremos que repasar de nuevo y el técnico está diciéndome que igual no tenemos dinero porque no hay líneas de financiación» para cuestiones como los cortafuegos y para que los bomberos puedan actuar con eficacia: «Y si no pueden entrar y salir después con facilidad, no van a poder intervenir. ¿Y qué va a pasar? Pues que el fuego, si llega, se esparcirá más fácilmente y podremos tener un gran problema». Finalmente mostró su esperanza en que la implicación de todas las administraciones permitan que haya más financiación que llegue a los ayuntamientos, «porque somos los que al final tenemos que ejecutar».

El diputado de Prevención de Riesgos Forestales, Avelino Mascarell, ha destacado «la implicación del ente provincial porque la Diputación se lo cree. Hemos estado trabajando en iniciativas, siempre para la prevención porque los incendios se apagan de invierno y lo mejor que podemos hacer desde cualquier administración es siempre trabajar en la prevención, tanto en la prevención operativa como también en la gestión forestal».

Su intención es, desde la Diputación, continuar trabajando en las subvenciones para que cada Ayuntamiento gestione su financiación para poder hacer frente a los lugares o parajes o trabajos, las tareas que crean oportunas: «Ahora vamos a gestionarlo de una manera más fácil y poner menos condicionantes, con una mayor facilidad para poder tramitar las subvenciones y a la vez también más facilidad para poder trabajar desde sus parajes».

Con respecto a las ayudas para particulares y que ellos puedan gestionar sus terrenos, a veces de gran tamaño, señaló que es «algo a estudiar, pero es verdad que vivir en enclaves, en parajes tan bonitos, pues tiene también sus costes y es de verdad que se deben autoproteger. Tienen la obligación de hacerlo, los ayuntamientos también la obligación de velar para que se cumpla. Lo que debemos hacer es ver de qué manera se hace y es en eso la Diputación y la Generalitat hemos estado trabajando en compañía de Amufort también para ver estas líneas cómo vamos a afrontarlas. Porque hay problemas también entre lindes de parcelas, entre vecinos, y tú debes a lo mejor debes acceder a la parcela de al lado para limpiar y para protegerte tu casa. Es complicado, pero las administraciones deben estar ahí ayudando a nuestros vecinos, que al final es lo que lo que esperamos de las administraciones, de cualquier institución, para que puedan tener una vida más segura y al mismo tiempo pues puedan protegerse en caso de que se produzcan incendios».

España se enfrenta a un problema complejo que se agrava día a día con el cambio climático: los incendios son cada vez más intensos y conllevan consecuencias ecológicas y sociales sin precedentes. La problemática de los grandes incendios forestales no puede abordarse con soluciones simples, basadas en creencias y mitos, ni desde discursos sesgados o incompletos. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de afrontar ese reto.

La presente declaración se fundamenta en los datos que nos aporta la ciencia, la experiencia de los servicios de extinción y las necesidades del territorio y se basa en los resultados obtenidos en el Foro de debate y propuestas de acción para la gestión de los grandes incendios forestales en España (Madrid, 29-30 marzo, 2023), impulsado por la Fundación Pau Costa, en el que participaron expertos de la comunidad de incendios forestales de diferentes sectores y regiones.

Declaramos que es necesario disponer de paisajes vivos, diversos, resistentes y resilientes a los grandes incendios forestales, y para ello consideramos lo siguiente:

1. Es necesario que la sociedad sea consciente de que los servicios de extinción no pueden hacer frente a sí mismos a los grandes incendios forestales que, a menudo, se sitúan fuera de la capacidad de extinción.

2. Debe demandarse que la sociedad sea corresponsable y asuma el riesgo inevitable de convivir con el fuego, ya que la falta de gestión del paisaje lleva a escenarios indefendibles ante situaciones de grandes y simultáneos incendios forestales.

3. Se debe exigir que los servicios de extinción y prevención puedan trabajar en paisajes seguros, para ellos y la sociedad.

4. Es urgente gestionar anualmente, como mínimo, el 1% de la superficie forestal a nivel nacional (260.000 hectáreas) para preparar el territorio frente al paso de los grandes incendios forestales, priorizando zonas estratégicas de actuación.

5. Para establecer la acción anterior urgente, inaplazable e imprescindible, es necesario destinar una cantidad aproximada de mil millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal a nivel nacional. Esta acción requiere un mantenimiento periódico para su efectividad.

6. Debe planificarse y gestionarse el territorio teniendo en cuenta la particularidad y riesgos de cada situación, fomentando donde sea necesario la heterogeneidad del paisaje y promoviendo la conservación de la naturaleza, con el apoyo de herramientas como la silvicultura, el uso del fuego y la herbivoría (doméstica y salvaje), entre otros.

7. Es prioritario planificar, ejecutar y mantener el 100% de las infraestructuras de protección de las zonas de interfaz urbano-forestales de España con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos/as. Se deben asegurar los recursos y los medios para que las administraciones competentes puedan gestionarlo.

8. Es urgente que la administración y los residentes afectados, desarrollen y ejecuten planes de autoprotección de urbanizaciones e infraestructuras frente a incendios forestales.

9. Es fundamental potenciar un mundo rural vivo, con un sector primario medioambientalmente sostenible, fomentando el consumo de productos locales y el reconocimiento de los productos forestales (carpinteros y no carpinteros).

10. Son necesarias medidas económicas, como la disminución de la presión fiscal para habitantes y gestores del mundo rural, y la asunción del pago por servicios ecosistémicos por parte de la sociedad.

11. La conservación de la biodiversidad es una prioridad, y debe garantizarse que sea compatible con la gestión para la prevención de incendios forestales.

12. La preservación y gestión de los espacios naturales protegidos debe integrar, en zonas de alto riesgo, actuaciones de prevención de grandes incendios forestales, adaptadas a los regímenes de fuego, identificando zonas estratégicas de actuación en el interior de los mismos, y asegurando la conservación de los valores y servicios ambientales que se quieren defender.

13. Es necesario, mediante la investigación, la educación y la comunicación, trabajar para conseguir la convergencia de las visiones urbana y rural sobre los actuales escenarios de grandes incendios forestales. Debe hacerse hincapié en que el fuego es un elemento natural y cultural que ha modelado nuestro paisaje, y en la existencia de un riesgo inevitable a pesar de que se implementen medidas en el territorio.

14. Es necesario disponer de estadísticas anuales actualizadas a nivel nacional, con datos de impacto sobre extinción y prevención de incendios forestales. Estos datos deben cubrir a grandes rasgos, el comportamiento de fuego forestal, la tipología de operaciones desplegadas y el coste, así como el número y la extensión de las acciones de prevención, tanto planificadas como ejecutadas.

15. Debe legislarse integrando la gestión de los incendios forestales en políticas estatales, europeas y sectoriales (conservación, urbanísticas y agrarias, principalmente), que anticipen, garanticen y financien la necesidad de atender prioritariamente la gestión preventiva del territorio.

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