El plan para construir 83 depuradoras sigue sin ejecutarse cinco años después

ombre: Plan 100x75. Objetivo: Que el 100% de los municipios de la Comunitat dispongan de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Es la ambiciosa iniciativa que puso en marcha la Conselleria de Medio Ambiente, bajo el mandato de Juan Cotino y con la ejecución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR).

Era el año 2010 y se anunció una inversión cercana a los 500 millones para la construcción de 83 depuradoras (46 que serían remodeladas y otras 37 nuevas) distribuidas en siete zonas de la Comunitat, que permitirían que el 75% de las aguas depuradas se reutilizarán y que se ejecutarían mediante un modelo de gestión público-privado, es decir, la constructora se encargaba de ejecutar el proyecto y explotarlo durante 20 años.

Cinco años después no se ha construido ninguna de ellas, según la denuncia realizada por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV), cuyo director-gerente, Manuel Miñés, lamentó que la Administración no haya sido capaz de sacar un propuesta que estaba consensuada con las empresas para que fuera viable.

Y recuerda también que una directiva de la Unión Europea obliga a que todos los municipios con más de 2.000 habitantes tengan sistemas de tratamientos adecuados. En este sentido, España tiene abiertos tres procedimientos de infracción. En uno de ellos, ya con sentencia, la UE impulsó una multa a España de siete millones al año porque 39 ciudades no depuraban el agua correctamente en zonas declaradas como sensibles.

Borriol, Yàtova, Callosa del Segura, la Vall dUxó, Crevillent, Orihuela, Almoradí, Turís, Ribarroja o Jalance eran algunos de los municipios que iban a beneficiarse de este modelo con el que ya se pretendía "dinamizar la economía", según consta en uno de los folletos que se repartieron para su promoción. La previsión era generar 3.150 puestos de trabajo.

Así, las llamadas EDAR deberían estar operativas este año, según la planificación inicial, que daba dos años para la construcción (2013-2015) y fijaba el periodo 2016-2036 para la explotación por parte de la empresa concesionaria.

Algunas de estas infraestructuras se llegaron a licitar, como las de Villarreal o Villena (ésta se había sacado a concurso con antelación al plan), y posteriormente se anularon los concursos a pesar de que se habían presentado ofertas.

Fondos europeos

Ya el propio arranque del proyecto empezó con obstáculos burocráticos en la propia Administración, pues aunque el Consell autorizó 37 estaciones el expediente estuvo retenido varios meses en la Conselleria de Hacienda. De hecho, aunque el plan se anunció en abril de 2010 las primeras licitaciones no se aprobaron hasta febrero de 2011.

También hubo problemas con los avales de la Generalitat para garantizar el préstamo de 300 millones que había concedido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la EPSAR y que finalmente se destinaron a la adquisición de material para Ferrocarrils de la Generalitat.

Desde la Conselleria de Agricultura, de la que actualmente depende la EPSAR, confirmaron la paralización del Plan 100x75 por motivos económicos al coincidir con los años de restricciones presupuestarias por el impacto de la crisis. Asimismo, recordaron que la entidad entró en una época de perdidas (24 millones en 2010) aunque el año pasado se cerró con beneficios de 71 millones.

No obstante, las mismas fuentes señalaron que para finales de este año está prevista la finalización de la nueva depuradora de Peñíscola y que se ha licitado la de Bellús, además de estar pendiente la reforma de Orihuela y Bétera.

Ante esta situación, los contratistas reclamaron a la Generalitat que contemple la fórmula de la colaboración público-privada para reactivar el sector de la obra pública y poder ejecutar estas infraestructuras, además de las pendientes en el área de la regulación y distribución del agua ante problemas de sequía o inundaciones.