Los vecinos logran paralizar la decisión del tripartito de retirar la Cruz de los Caídos

El rechazo ciudadano consiguió que la Cruz de los Caídos se mantenga en la puerta de la iglesia de San Martín una jornada más. Una manifestación espontánea obligó ayer a que la empresa enviada por el gobierno municipal de Callosa de Segura diera marcha atrás. El tripartito inició los trámites para retirar el monumento colocado tras la Guerra Civil hace nueves meses, pero el desenlace se complicó. La Plaza de España se llenó de vecinos contrarios a su traslado y las fuerzas del orden público tuvieron que intervenir para calmar los ánimos hasta que desde el despacho de Alcaldía, ubicado a escasos metros de la Cruz, se decidió aplazar esta orden sobre la una del mediodía.

El conflicto se armó en el municipio en pocos minutos en la onomástica de San Juan de la Cruz. Varios operarios de una empresa de Pinoso iniciaban los preparativos para desmontar la mole de mármol que se trasladaría con un camión grúa de gran tonelaje. El bullicio en el centro urbano era palpable durante una mañana de miércoles de mercadillo y con un oficio religioso en marcha.

En poco menos de una hora la plaza pública se abarrotó con la presencia de 300 ciudadanos que pedían que el «símbolo religioso» se quedase intacto. La protesta multitudinaria reaccionó contra el alcalde, Francisco Maciá, que trató de exponer su posición, pero que recibió todo tipo de improperios al bajar a la calle. Los partidarios de la Cruz de los Caídos consideraban que la acción del traslado se había realizado con «nocturnidad y alevosía» y que se había engañado a la parroquia. Los bandos ideológicos de posguerra se habían despertado.

El tripartito no tardó en dar explicaciones dentro del salón de plenos y se basó en las recomendaciones de la comisión técnica de coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil, un documento de un órgano designado por la Conselleria de Justicia, que para la oposición no supone ninguna orden vinculante.

Al mismo tiempo el exconcejal del PP, Francisco Lillo, invadió la plaza de la iglesia con su vehículo y lo apostó junto al monumento. El párroco, Juan Bautista Samper, subió al despacho de Alcaldía a pedir explicaciones mientras llegaban más personas para gritar contra la decisión del gobierno de izquierdas.

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz agitó a los presentes para que no se marcharan del recinto hasta que no se aplazara la mudanza del monumento. Su portavoz, Antonio Illán, recordaba que queda pendiente un juicio señalado para noviembre del próximo año y que «el alcalde ha engañado a su pueblo porque dijo que se iba a reunir con el párroco para mediar». La plataforma considera que la Ley de la Memoria Histórica se cumple al retirar las placas que recordaban a los personajes franquistas, si bien desde los grupos municipales de Izquierda Unida, PSOE y Somos Callosa consideran que la Cruz de los Caídos tiene un componente ideológico diferente pues recuerda a los vencedores de la contienda nacional.

Para el primer edil la decisión de hacer cumplir la ley se ha politizado y mediatizado en los últimos meses. Maciá aseguró que «no existe ninguna medida cautelar y se dijo que no había lugar a que se paralizase cualquier actuación» en el recurso contencioso que puso el concejal Javier Pérez. Así dijo que su gobierno no iba a hacer política en función de los litigios que se le pusiesen.

El portavoz de IU, Ismael Ballester, remarcó que «no vamos a dejar pasar la oportunidad de cumplir las normas democráticas» y durante su alocución dijo que la retirada de «símbolos fascistas» era uno de los puntales de su programa electoral. En cuanto al concejal de Cultura, José Navarro, la cruz blanca «no representa amor sino valores dictatoriales».

Ninguna de las personas presentes en la puerta de la iglesia arciprestal comprendió que los trabajos de traslado se ordenasen antes de la Navidad. Los manifestantes se ataron con cadenas y rezaron cánticos religiosos sobre el mediodía. Ante la negativa a marcharse del recinto acotado el tripartito se planteó llamar a la Subdelegación del Gobierno para solicitar refuerzos y disgregar una concentración para la que no se había pedido permiso, si bien se optó por aplazar el traslado.