El alcalde denuncia que el PP pagó 45.000 euros en pluses al secretario

El gobierno bipartito de Almoradí presentó ayer una querella en los juzgados de Orihuela para que la Fiscalía Anticorrupción investigue si la productividad que se le pagó al anterior secretario municipal se encuentra legitimada. El alcalde, Jaime Pérez, cifró en 45.000 euros el dinero que se le abonó al funcionario durante la pasada legislatura en concepto de productividad, si bien informó que busca más datos para comprobar si esta práctica se remonta a antes del 2013 con otros funcionarios durante el mandato del gobierno popular.

El socialista dijo que «me he visto obligado a denunciarlo, porque así me lo exigen las leyes». La base de la denuncia, según aclaró el abogado del equipo de gobierno, Antonio Martínez, es que «son unos abonos en concepto de productividad continuados a lo largo de los años». Cada emolumento que recibía el funcionario, actual fedatario del Ayuntamiento de Orihuela, «iba precedido de una proposición de pago por parte de la concejal de Hacienda, María Gómez». No obstante, el motivo de que se considere un hecho que podría incurrir en malversación de fondos públicos es que «no se justificó de manera legal por qué se realizaban».

El letrado apuntó que «la ley dice que la productividad se tiene que hacer en base a algo en concreto como especial dedicación en el cargo» y abundó en el carácter reiterado de los mismos todos los meses «con una retribución de entre 1.400 y 1.500 euros durante al menos dos años».

El regidor no compartió que el PP se adelantase a su comparecencia antes de que pusiera la querella, ya que el pasado domingo Gómez, actual portavoz del grupo Popular, emitió un comunicado donde calificaba que toda la denuncia responde a una posible moción de censura que preparan PP y Ciudadanos. En su argumentación el alcalde dijo que durante 28 años desde el último periodo democrático ha gobernado el PP. Asimismo explicó que el departamento de Intervención «hacía un informe en el que se advertía que no se podía pagar y que se tenía que justificar ese plus». En este sentido para el gobierno local no hay error administrativo cuando el departamento de Intervención manifestaba sus reparos.

Incluso desde el bipartito manifestaron que este tipo de pagos puede venir desde antes del 2013 e indaga datos para ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial. «Es un posible delito de malversación de fondos públicos, porque sabían que había serias dudas si se pagaba un complemento tan importante de más de 45.000 euros», señaló Martínez, que añadió que «hay una prevaricación administrativa porque después de un mes se hace la misma proposición».

El fiscal Anticorrupción deberá fijar si el plus del sueldo del que fuera secretario se correspondía con algún trabajo especial o si por lo contrario se hacía de forma irregular. Para el letrado del gobierno almoradidense «hay sentencias del TSJ de la Comunitat Valenciana que estiman que no se puede realizar ese pago de forma periódica todos los meses sin un argumento». El fedatario tenía un sueldo de 1.800 euros más 1.500 de productividad «por lo que aparentemente podría haber delito», insistió el abogado. El regidor admitió que debía informar de estos hechos porque en caso contrario «caería en un presunto delito de encubrimiento».