Revocan la condena a la funcionaria de Hacienda que filtró datos a Fenoll

La empleada de la delegación de Hacienda en Alicante condenada a dos años de prisión por pasar información fiscal al empresario Ángel Fenoll ha quedado absuelta, al igual que el señalado como su cómplice. El Tribunal Supremo así lo ha dictaminado después de admitir el recurso de los primeros enjuiciados por la 'Operación Brugal' y considerar que la Audiencia Provincial de Alicante alteró «sustancialmente» los hechos que se le imputaban a la acusada en su sentencia, conculcando «el derecho a una defensa contradictoria en relación con el de ser informado de la acusación».

Los magistrados se refieren a que el tribunal añadió en su relato de hechos probados que la funcionaria procesada, Angélica Ch., reveló los datos al industrial, cabecilla del 'caso Brugal', que «no estaba autorizado a conocer» y «ni contaba con autorización para obtenerlos». Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado como partes acusadoras se refirieron a estos aspectos, como recoge el fallo facilitado ayer por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Así lo alegó su defensor, el letrado Rafael Mira, a quien el Alto Tribunal da la razón tras recurrir en casación el fallo dictaminado en septiembre de 2015 por un delito de revelación de secretos.

Este caso es uno de los muchos que se desgajan de la causa principal, el 'caso Brugal', nacido de las supuestas irregularidades del contrato de las basuras de Orihuela. Sin embargo, los agentes de la Unidad de la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Alicante fueron destapando otras tramas a raíz de las escuchas telefónicas intervenidas a los principales sospechosos.

Este asunto está entre las piezas cuya investigación pende de la validez de los 'pinchazos' telefónicos, siempre puesta en duda por los investigados. En este caso, sin embargo, el tribunal de la Sección Décima de Alicante ratificó las pesquisas llevadas a cabo por la UDEF bajo la tutela de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 3 de Orihuela. El Supremo nada tiene que objetar en ese sentido, pues no entra en la cuestión.

Por tanto, se trata de unos hechos que se remontan al verano de 2007. El empresario Ángel Fenoll se encontraba acuciado por las acusaciones de fraude fiscal que le supusieron una pena de 35 años de prisión por evadir impuestos entre los años 2002, 2003 y 2004, causa por la que finalmente quedó absuelto tras recurrir a la sección de la Audiencia de Elche.

Así, el industrial habría contactado con otro de los implicados en la trama de las basuras y en la vertiente urbanística de la ciudad de Alicante del 'Brugal', el empresario Rafael Gregory, para salir del atolladero. A su disposición se puso Jorge Sanz, otro inculpado por los negocios de Fenoll con las basuras. Una especie de «agente especial» que contaba con boato para aparentarlo, como se desprendía del informe policial, que aseguraba tener tentáculos en el mismo seno de la Agencia Estatal Tributaria.

De este modo es como Sanz se valió de Angélica Ch., destinada en el departamento de Discrepancias de Renta, para obtener la información que precisaba el presunto capo del tratamiento de las basuras. Así lo encontró probado el tribunal alicantino. El Supremo, en cambio, considera que la trabajadora «no tuvo que burlar ninguna medida de seguridad y utilizó su clave de usuaria del sistema» en el que estaban almacenados, datos que no considera «relevantes para el interés de la Administración y para la causa pública».

Los magistrados añaden que no se acreditó que la acusada «facilitara ninguna información relevante de la inspección fiscal» a la que estaba siendo sometida una empresa de Fenoll. Igualmente, el acusado Jorge Sanz, representado por Antonio Martínez Camacho, ha quedado absuelto por razones similares a las de la funcionaria.