Seis municipios acuerdan elaborar un plan para reactivar la ZAL

Un total de seis administraciones locales de la Vega Baja -Callosa de Segura, Albatera, Cox, San Isidro, Catral y Granja de Rocamora- han acordado elaborar un proyecto coste-beneficio y un estudio medioambiental para iniciar la petición de ayudas europeas para el desarrollo (ZAL).

El alcalde de Callosa de Segura, Fran Maciá (PSOE), ha informado del encuentro de ayer en dicha localidad entre representantes de los seis ayuntamientos; el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Félix Cerdán; el profesor de la Universidad de Alicante (UA) y experto en logística Armando Ortuño, y miembros de la Asociación de Empresario de la Vega Baja (ASEMVEGA) y del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

En concreto y según ha anunciado, el proyecto, que supondría un coste de unos 50.000 euros, "evalúa el impacto económico de la ZAL, directo o indirecto, la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista económico y social y sus sostenibilidad medioambiental".

"Los ayuntamientos hacemos así el esfuerzo de iniciar el proyecto y luego pediremos cofinanciación al Consell y al Ministerio de Fomento", ha dicho Maciá, quien ha remarcado que se trata de una "colaboración en tres niveles".

En esta línea, ha explicado que las seis administraciones trabajarán durante los próximos 15 días en la distribución del coste de este proyecto coste-beneficio y de evaluación ambiental, y ha avanzado que el siguiente paso sería la solicitud del proyecto constructivo y, por último, la ejecución.

Durante la reunión, el profesor de la UA les trasladó la "idoneidad" del emplazamiento de la ZAL alrededor del polígono industrial de La Granadina (San Isidro), "por las conexiones que tiene alrededor de las autovías, la orografía del terreno, cercanía a la línea de alta velocidad y la posibilidad de instalar un tramo de más de 750 metros de línea ferroviaria para articular la zona".

"La ubicación también tiene que ver con el componente más industrial de los municipios de alrededor tales como Catral, Callosa de Segura o Albatera, zonas tradicionalmente industriales, o Cox, gran productor del sector agroalimentario", ha dicho Maciá, quien ha insistido en que las partes geográfica y económica favorecen la ubicación en este punto del proyecto, valorado en unos 12 millones de euros.

En esta línea, Ortuño les confirmó que existe una línea de financiación europea, 'Conecta Europa', que "apoya inversiones que se articulan alrededor del Corredor Mediterráneo de mercancías".

"Para la UE el transporte de mercancías tiene el componente económico y medioambiental, y va a seguir apoyando todas las inversiones o proyectos que sean viables alrededor de esa línea", ha añadido.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Orihuela, Félix Cerdán, les trasladó la necesidad, según ha comentado el alcalde callosino, de "concienciar al empresariado para que entienda que el transporte por mercancía ferroviaria tiene un plus y una ventaja competitiva respecto al transporte de carretera".

Por ello, esta entidad y ASEMVEGA acordaron "colaborar en la pedagogía del proyecto respecto a los empresarios, en las ventajas traducidas en coste por kilo y en tiempo por entrega".

CCOO mostró su apoyo al proyecto al entender que una zona de este tipo "contribuiría a diversificar la estructura económica de la comarca y generar puestos de mayor valor añadido a los que tenemos en la actualidad".