La junta directiva de Coepa apoya sin fisuras al presidente en el plan para evitar su cierre

La junta directiva de la patronal alicantina Coepa, sumida en su más grave crisis económica, financiera y de identidad en sus 37 años de funcionamiento, apoyó ayer sin fisuras al presidente Moisés Jiménez Mañas después de que éste pusiera su cargo a disposición del comité ejecutivo y de la propia junta, los dos máximos órganos de gobierno, una semana después de que se presentara en el juzgado de lo Mercantil el preconcurso de acreedores para ganar tiempo y negociar con la Conselleria de Hacienda y con otros estamentos un eventual rescate.

El respaldo fue unánime, según explicó Coepa en una nota enviada por la nueva agencia de comunicación contratada por la patronal y según pudo confirmar este diario entre varios de los miembros asistentes. Jiménez optó al principio de la reunión por presentar su dimisión si era admitida por la junta directiva, pero la reacción fue de «adhesión total al presidente y al plan que ha sido diseñado», comentó un importante miembro del comité ejecutivo. Otro explicó a este diario que «la reunión estaba prevista ya para analizar la presentación del preconcurso por los abogados del despacho Garrigues, pero una noticia ha precipitado a Moisés a poner su cargo a disposición de la junta, lo que ha sido rechazado por todos». «Los miembros han expresado su voluntad de que continúe en el cargo con el objetivo de consolidar Coepa, la entidad representativa de los empresarios alicantinos», añade la nota oficial.

Según la versión de Coepa, Jiménez se mostró abierto a seguir negociando una salida al embargo de todos los bienes instado por el IVF siguiendo las directrices de la Conselleria de Hacienda del Gobierno valenciano del PP. «Mi objetivo sigue siendo solucionar el problema del centro de oficios», dijo Jiménez Mañas, quien fue el único dirigente empresarial de peso que faltó hace dos días en la conferencia que pronunció el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, en Valencia. Sus manifestaciones de los últimos días, arremetiendo por vez primera contra el Consell del PP y del bipartito PSPV-Compromís, han precipitado, no obstante, que Jiménez delegue en una comisión integrada por Francisco Gómez (empresa familiar), Antonio Arias (Vectalia) y Cristóbal Valdés (autocares) para abordar con la Generalitat una solución al centro de oficios y a los 3,9 millones. La Conselleria de Hacienda ya dejó claro hace una semana que no acepta la dación en pago.