El alcalde de Alicante invita a la plantilla a reunirse con él tras llamarle verdugo

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, anunció ayer que «invitaba» a la plantilla de la patronal alicantina Coepa, compuesta por 23 trabajadores, según la cifra ofrecida en este diario por su presidente, Moisés Jiménez, tras recibir ataques de algunos de los trabajadores a través de las redes sociales. En concreto, uno de los técnicos de Coepa, el director del Área de Responsabilidad Social Empresarial, Arturo Jiménez, escribió en su cuenta de Twitter 'El verdugo riéndose de sus víctimas, Juego de Tronos con Coepa, 24 familias al Fogasa' e ilustró su mensaje con una foto del alcalde en la conferencia del lunes en Valencia, organizada por Forum Europa, en la que habló de que Alicante «necesita liderazgo empresarial, no vasallos de Valencia».

«Me han dicho verdugo en las redes sociales y les emplazo a que nos reunamos, porque se trata de veinticuatro familias y quiero que me informen de todo», explicó el alcalde Echávarri a este diario a primera hora de la tarde. Poco después, el Ayuntamiento envió una nota de prensa en la que reitera que ofrece reunirse con la plantilla ante «el posible cierre de la patronal Coepa».

«Ante las afirmaciones de algunos de esos trabajadores -añade la nota oficial- que le culpan en redes sociales y en algunos medios de comunicación de ser el responsable del proceso de ejecución del préstamo que otorgó el IVF a la patronal para construir un centro de formación en el barrio alicantino de Babel y que ha motivado que el órgano empresarial se haya acogido a un preconcurso de acreedores, Echávarri les ofrece sentarse con ellos para analizar en profundidad su situación personal y la de la patronal».

Los empleados de Coepa han enviado en la última semana dos cartas, una a los medios de comunicación, en la que apoyaba las críticas de la dirección al Consell y al Ayuntamiento de Alicante; y otras dos al president Ximo Puig y al alcalde Echávarri, en las que exponen argumentos muy similares a los de la dirección respecto a la grave crisis de identidad y económica que sufre la principal Confederación empresarial.

La plantilla mostró el viernes su «perplejidad» e «indignación» ante la postura que han adoptado la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante por el proceso de ejecución del préstamo que otorgó el IVF por valor de 3 millones de euros, que se elevaría a 3,9 con los intereses naturales y de demora. A juicio de los trabajadores, los gobiernos de Ximo Puig y de Gabriel Echávarri se han postulado de forma «injusta» y están abocando a la patronal «al cierre», pese al éxito que supuso el centro de oficios.