Dos años de espera para determinar si una granja pone en peligro al acuífero de Alcoi

Un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar debe determinar si, debido a su ubicación, una explotación ganadera resulta potencialmente peligrosa para el acuífero alcoyano del Molinar. La instalación se encuentra en una de las zonas de mayor vulnerabilidad del principal manantial de agua de la ciudad, y su licencia de explotación fue concedida hace años por el Ayuntamiento sin el informe de la Confederación. Después de que la asociación Salvem l'Aqüífer del Molinar recurriera a la vía legal, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana determinó en 2019 que el documento de marras era vinculante, el cual debe determinar el futuro de la instalación. Sin embargo, pasados dos años desde que el Ayuntamiento de Alcoi requiriera la respuesta de la Confederación, esta todavía no se ha pronunciado.

La situación reviste importancia debido a que el Molinar constituye la principal reserva hídrica de Alcoi. Tanto es así que desde 2004 el Consistorio viene realizando gestiones para establecer un perímetro de protección para el acuífero. La creación de este perímetro estuvo motivada por la pretensión de emplazar actividad industrial en la zona de La Canal, y desde entonces han sido varias las propuestas de polígonos y parques empresariales en dicha zona. La última propuesta fue el Plan de Actuación Territorial Estratégica denominado Alcoinnova, aguas arriba de las captaciones de El Molinar, en suelo no urbanizable de especial protección forestal y paisajística, y al pie del Parque Natural de la Font Roja. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia declaró la nulidad del mencionado Plan.

A pesar de que los propios informes técnicos determinan la vulnerabilidad de la zona, estos no tienen un rango legal, algo que abrió la puerta a que se concediera la licencia a la explotación ganadera en cuestión. Sin embargo, esta actividad parece incompatible con lo que determina el estudio técnico municipal, y es que para la zona donde está ubicada la instalación, prohíbe explícitamente los usos “industriales, residenciales (exceptuando a los ya existentes), agrícolas intensivos y ganaderos con carácter general”.

Desde Salvem l’Aqüífer consideran que “no es razonable” desoír a los técnicos. “Si tienes el informe de un arquitecto donde consta que si derribas un muro de carga se cae una casa, lo más normal es que lo tengas en cuenta”, explica Júlia Moltó, integrante del grupo ecologista.

Moltó especifica que el problema de esta granja no es ni su dimensión ni sus características, simplemente su ubicación. “Es una explotación pequeña, muy alejada de las macrogranjas sobre las que se ha abierto recientemente un debate público; el problema es que está en un punto de alta vulnerabilidad”.

Fueron los miembros de Salvem l’Aqüífer del Molinar los que dieron inicio al procedimiento judicial después de que se concediera la licencia de explotación. En primer momento presentaron alegaciones al Ayuntamiento, al que pedían que se cerciorara de que la instalación no afectaría al acuífero. Según Moltó, la Confederación Hidrográfica del Júcar determinó que, aunque los informes municipales no tenían rango legal, el perímetro de protección del acuífero se debía respetar. “A pesar de esa contestación, se concedió la licencia sin solicitar el perceptivo informe a la Confederación”, apunta la ecologista.

Ante esta situación, desde la asociación presentaron un recurso administrativo (que fue denegado) y posteriormente recurrieron a la vía judicial. En primera instancia, el caso recayó en el Juzgado Contencioso N.º 2 de Alicante, el cual determinaba que el informe de la CHJ no era vinculante, aunque se debía tener en cuenta. El consistorio presentó recurso ante la sentencia, lo cual obligó a los ecologistas a apelar ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En su sentencia dictada el 20 de diciembre de 2019, la sala ordenaba “la retroacción del procedimiento” […] para que por la administración municipal se solicite el informe preceptivo a la Confederación Hidrográfica del Júcar, respecto de la actividad ganadera que solicita”, añadiendo también que la interpretación que hace el consistorio de la Ley de aguas, “no es viable […], ya que la confederación hidrográfica es competente para la defensa del Dominio Público Hidrográfico, dentro de lo que se encuentra la protección de las aguas continentales y muy específicamente las subterráneas”.

El concejal de Transición Ecológica, Jordi Silvestre, confirma que en enero de 2020 se envió un escrito a la Confederación para que emitiera el perceptivo informe sobre la posible afección a las aguas subterráneas. Dos años más tarde, Silvestre asegura que “no han contestado”. A la espera de que se resuelva el caso, desde Salvem l’Aqüifer piden al gobierno municipal que "trabaje y dedique los recursos necesarios para la delimitación del perímetro de protección del acuífero. Pocos gastos serán tan necesarios".

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