Libertad VCF denuncia en el juzgado el «régimen sectarista y dictatorial que sufre el Valencia» por imposición de Lim
El colectivo presenta sus conclusiones a la demanda sobre las fichas urbanísticas y señala que el cambio al Nou Mestalla se hizo por «interés político»
El juzgado se ha convertido en las últimas semanas en un campo de batalla en el que Valencia CF y Libertad VCF se intercambian sopapos de diversa índole. En la demanda sobre las licencias concedidas al Nou Mestalla que presentó Libertad VCF, el club arremetió con dureza contra este colectivo. Ahora se ha producido el contraataque de Libertad VCF, pero no en la demanda por las licencias sino en el pleito que está abierto de manera paralela por las fichas urbanísticas. Es con motivo de las conclusiones que ha presentado este colectivo a la sala de lo concencioso-administrativo del TSJ donde trata de exponer el «régimen sectarista y dictatorial que sufre el Valencia por imposición de su máximo accionista», en referencia a Peter Lim, que «desprecia y rechaza a todos aquellos que no concuerdan con sus particulares intereses».
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La confrontación en el TSJ es más que evidente si se consideran los argumentos que club y aficionados esgrimen. Afirma desde luego Libertad VCF que los fundamentos en los que se sostiene la demanda sobre las fichas tienen base suficiente, e inciste en ese aspecto «las codemandadas -club y Ayuntamiento- se dedican a tergiversar los concretos motivos de impugnación formulados por esta parte desviando así el verdadero debate suscitado, sin duda, por carecer de argumentaciones que permitan la desestimación por la sala de cuanto esta parte tiene interesado».
Pero no deja escapar la oportunidad de poner a la sala en antecedentes, por si no tenía claro las actuaciones del máximo accionista. «El club quiere postularse como el máximo defensor de un pretendido interés general que ha venido desoyendo durante más de 20 años. En tal sentido, véase por la sala que los diferentes convenios urbanísticos suscritos entre las partes datan de los años 2.005 y 2007 por lo que, por mucho que se diga, a fecha de hoy, dado el lapso temporal transcurrido, tales convenios carecen de vigencia. Por ello, no tienen consistencia alguna las argumentaciones del club pretendiendo legitimar la actuación impugnada en base a unos convenios que no tienen eficacia obligacional alguna».
Es más, tira un poco de ironía cuando apunta el escrito de Libertad VCF que «se nos pretenden dar lecciones respecto de la defensa del interés general», y aunque no lo menciona directamente se refiere a la ATE que se dio por caducada: «Además, ni más ni menos que ante el propio órgano judicial que conoció de aquellos procedimientos y circunstancias. Con estos mimbres y premisas se presenta ahora el club ante la sala para reprochar a sus aficionados que traten de evitar aquellos actos que son claramente perjudiciales para el Valencia».
Una cosa llama esta vez la atención. Los motivos del cambio de estadio, que desde que se puso en marcha provocó que el Valencia fuera en picado desde el punto de vista económico. Libertad VCF señala en este sentido a la clase política y la tilda como gran responsable de que este proyecto haya puesto en serio peligro la viabilidad del propio club. «Al club, como entidad, ni le resultaba, ni le resulta necesario ningún cambio de estadio, ni la construcción de unas nuevas instalaciones donde desarrollar su actividad fundamental». «La cuestión se suscitó con ocasión de determinado interés político (tal y como se desprende del propio convenio aportado y suscrito entre el club y el Ayuntamiento de Valencia) para la construcción de un estadio en nuestra ciudad. Para ello, en lugar de propiciar que la ciudad se hiciese cargo de determinada inversión para obtener dicha dotación (como hubiera sido deseable si efectivamente ello respondía al interés general) se prefirió utilizar al Valencia CF y sus escasos recursos para que, a través del club, se viabilizara y propiciara la culminación de dichos intereses».
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Prosigue en esta misma línea el escrito aportado en la sala de lo contencioso. «El verdadero interés del club -único que a mi principal interesa defender- es evitar un endeudamiento innecesario impuesto para dar satisfacción a una clase política» y solicita a la sala que pare ese camino. «La sala no puede consentir la continuidad de tamaño despropósito, por mucho que pudiere resultar más fácil permitir la culminación del proceso urbanístico que evitarlo ante las evidentes ilegalidades que el mismo atesora. Lo fácil, no siempre es lo legal. Tampoco suele coincidir con lo justo».
Luego, lógicamente, apunta a los argumentos sobre los que se basó fundamentalmente la demanda, que no son otros que la ausencia de vivienda protegida, aunque esta no fuera recogida en el plan redactado en 2015. Lo llega a calificar de «insólito, incomprensible e indefendible», la referencia que hizo el propio Valencia a que «resulta completamente ajena al uso residencial», cuando sí hay previsto infinidad de viviendas en el solar del antiguo estadio. Luego se debate sobre la viabilidad económica, sobre la falta de dotación de aparcamientos y también por el famoso impacto de ruido que puede tener el futuro estadio.
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