El Ayuntamiento prohibirá los pisos turísticos en los edificios de viviendas en los que sea propietario principal

La Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV) se ha reunido esta semana con el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, Juan Giner, para trasladarle de nuevo la gran preocupación existente en torno a la cuestión de la vivienda. Una de las peticiones trasladadas ha sido que los inmuebles residenciales en los que el consistorio tenga la propiedad mayoritaria éste promueva la prohibición del alojamiento turístico modificando los estatutos de las fincas en aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. Ante esta solicitud, el edil se ha comprometido a que llevará a cabo de inmediato la prohibición de pisos turísticos en los edificios de viviendas de los que el Ayuntamiento es propietario principal.

Desde la entidad vecinal se ha insistido en que permanece el «apagón» informativo por parte del gobierno municipal respecto a las viviendas turísticas que se está permitiendo abrir. Sobre esta cuestión, Giner les ha asegurado que los datos se harán públicos en el próximo trimestre.

La FAAVV ha aprovechado para presentar directamente al concejal su campaña «Que tu vecino/a no pierda el nombre». Una iniciativa que ha sido aplaudida por el titular de Vivienda.

Asimismo, la Federación ha puesto sobre la mesa su enorme preocupación al haber conocido que el Consistorio de Valencia ha prescindido de un recurso tan necesario como la oficina municipal por el derecho a la vivienda, que considera indispensable para asesorar y asistir a personas amenazadas de perder su vivienda. La presidenta de la Federación vecinal, María José Broseta, ha remarcado que «queremos que se recupere este servicio que consideramos necesario. Es una cuestión de extrema gravedad». Según ha apuntado, «no puede ser que se cierre un servicio de amparo mientras el Ayuntamiento abre otro de desamparo poniendo el foco en algo residual como la okupación generando un impacto negativo y de miedo entre la ciudadanía».

En la reunión mantenida con el concejal de Urbanismo y Vivienda, la Federación ha pedido también información sobre el estado del trámite de modificación de la definición de terciario hotelero en el PGOU y en particular sobre la regulación de las viviendas de uso turístico. Le han recordado a Giner que, en las alegaciones presentadas por este colectivo y un buen número de asociaciones y particulares, se insistía en que deben considerarse incompatibles en un mismo inmueble los usos residenciales y la práctica de arrendamientos temporales en viviendas como actividad económica. En ese sentido, ha quedado pendiente por parte del Ayuntamiento que informe si en la nueva redacción las viviendas de uso turístico mantienen su incompatibilidad con las residenciales.

Por último, los representantes vecinales han reiterado su exigencia de acuerdo a la ley de transparencia y de acceso a la información de saber «cuántas y cuáles» son las viviendas o bajos comerciales que cuentan con autorización municipal para ejercer la actividad. «Nos encontramos en una situación de 'apagón' informativo sobre la realidad de la actividad del alojamiento turístico en la ciudad mientras la alarma crece por todos los barrios y el problema de vivienda se agudiza», ha insistido María José Broseta, que ha vuelto a hacer hincapié en que «queremos saber cuántos alojamientos ilegales han sido sancionados por ejercer la actividad de forma ilegal por aplicación de la ley de turismo y hospitalidad».

A este respecto, aunque desde la Concejalía no se ha trasladado ningún dato todavía, ha habido un compromiso por parte del Ayuntamiento de que todos estos datos sean públicos en el próximo trimestre.

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