La policía inicia el desalojo de okupas en 26 edificios municipales del Cabanyal

El Ayuntamiento ya ha tramitado una treintena de denuncias en el juzgado para el desalojo de otros tantos inmuebles municipales del Cabanyal, ahora en manos de grupos de okupas. La concejal de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, comentó ayer que «no podemos consentir las ilegalidades», además de decir que en este asunto «vamos de la mano de los vecinos».

Fue uno de los asuntos tratados entre el alcalde Joan Ribó, distintos concejales entre los que se encontraba Gómez, con representantes de la asociación de vecinos, la de comerciantes y la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal.

En realidad, el primer desalojo se produjo el pasado sábado, desveló la concejal de Protección Ciudadana, tras recibir la autorización del juzgado. «La casa estaba vacía, aunque un grupo en la calle si que abuchearon e insultaron a los agentes», comentó la edil.

Paco Ortega, presidente de la asociación de comerciantes, destacó que la seguridad ciudadana y la limpieza son dos de las cuestiones que más han mejorado. «Queremos que el Cabanyal sea un barrio normal, que se fomente la apertura de comercios en la zona», subrayó.

El alcalde Joan Ribó distinguió tras el encuentro las viviendas ocupadas por personas en situación de exclusión social y otro tipo de ocupación que se está produciendo por personas que «a veces forman parte de familias acomodadas».

Se calcula que en total hay 90 viviendas ocupadas sin permiso, tanto de titularidad pública como de particulares, de las que 26 están ocupados por personas sin ningún problema de inclusión social. El alcalde manifestó que en el caso de ocupaciones por parte de personas sin problemas de inclusión social «presentaremos denuncia, porque no podemos tolerar esas ocupaciones».

Emilio Martínez, portavoz de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, indicó que «el Ayuntamiento debe resolver el problema de sus propiedades», para asegurar que «si se cumple la legalidad no habrá ningún problema por nuestra parte».

El dirigente vecinal sí que pidió una alternativa para las familias sin recursos, la otra cara de la ocupación ilegal. Ribó no lo dijo de manera explícita, aunque la conclusión es que en este caso no habrá desalojos forzosos de las viviendas.

En la reunión también se habló de las obras públicas que saldrán en licitación dentro de escasas fechas. Se trata de una renovación en la red de saneamiento y otra de acercas y calzadas que incluye la avenida Mediterráneo. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, comentó que «la tramitación es compleja, pero hemos rescatado dos proyectos del Plan Confianza que tenían guardados en un cajón desde 2010», dijo sobre el gobierno del PP.

Residentes y comerciantes quieren que el cambio anunciado para el barrio «se vea lo antes posible». Ribó recordó que se ha tramitado ya la petición de ayudas a la Unión Europea para la rehabilitación de viviendas, además de los proyectos del Plan Confianza y las normas urbanísticas provisionales, que sustituyen al derogado plan del Cabanyal, pendientes de la aprobación definitiva por la Generalitat.

La plataforma vecinal hizo entrega a Ribó y al resto de concejales de un documento con un diagnóstico de la situación actual del Cabanyal y un listado de peticiones, divididas entre las que se pueden realizar a corto plazo y el resto. Gómez dijo por último sobre las ocupaciones ilegales por okupas que los desalojos se harán «conforme llegue la resolución favorable del juzgado».