La cubierta de Les Arts sigue de esta manera a la espera de una solución. :: EFE/KAI FÖRSTERLING
Culturas

La culpa fue del pegamento

Buch responsabiliza al adhesivo de la caída y exige una garantía de que, si la cerámica vuelve al auditorio, aguante como mínimo 20 años El Consell pedirá un aval bancario a Calatrava y a las constructoras para volver a usar el material

NOELIA CAMACHO

Miércoles, 2 de abril 2014, 21:21

La culpa fue del pegamento. Lo dice el informe de Aidico que ha estudiado el desprendimiento del trencadís del Palau de les Arts Reina Sofía. El conseller de Economía, Máximo Buch, confirmó ayer en su comparecencia en Les Corts que fue el adhesivo el responsable de la caída del cubrimiento de la fachada de Les Arts. Según avanzó, el escrito del Instituto Tecnológico de la Construcción, que se presentará próximamente, ya que está a falta de algunas pruebas, asegura que el pegamento se «rigidizó, se soltó y entre él y el trencadís se coló agua». Como consecuencia, el desprendimiento del material fue «limpio», dijo Buch, y por ello las tareas de retirada se hicieron tan rápidas. El elemento «tendría que haber sido flexible a los cambios térmicos y a la humedad», afirmó.

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Buch fue un paso más allá. Anunció que, para que el trencadís volviera a decorar las paredes del auditorio, exigirá un aval bancario y una garantía de, como mínimo 20 años, de que este material aguantará en la fachada, tanto el arquitecto Santiago Calatrava como las empresas constructoras encargadas de su reparación. En palabras del titular de Economía, la intención es que, si tanto el estudio del arquitecto como las compañías llegaran a desaparecer, el Consell tuviera un documento en el que se recoja la responsabilidad de ambas entidades para subsanar posibles daños.

Asimismo, también contó que la instalación de este material cerámico podría costar hasta un millón de euros. Pero la Generalitat «no va a pagar nada». Así de contundente fue Buch, quien confirmó que, aunque fue la propia Ciudad de las Artes y las Ciencias la que abonó 22.000 euros por contratar seguridad para vigilar la zona -es obligación de los promotores de la obra- y la Generalitat ha pagado el informe de Aidico, reclamarán tanto al arquitecto como a las constructoras la devolución de estas cantidades.

En lo que no despejó tantas dudas sobre si el Gobierno autonómico recurrirá a la Justicia para exigir responsabilidades al arquitecto valenciano y a la unión temporal de empresas (UTE) que conformaron Acciona y Dragados para ejecutar el proyecto. La Generalitat no descarta emprender acciones legales, aunque Buch ni especificó fecha ni situación concreta. Lo que sí dijo es que no pidió ningún compromiso previo para evitar ceder en lo de demandar al arquitecto.

La vuelta del trencadís no es la única solución que se maneja. Se baraja la pintura, aunque para el conseller «queda mal»; la instalación de una fachada ventilada de cerámica o, como alternativa, la fijación de planchas de aluminio. Aún se está a la espera del informe definitivo de Aidico y de una tercera reunión con las empresas y el arquitecto en la que se alcance la decisión definitiva.

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La intención del Consell es optar por la que «aporte mejor aspecto al edificio y mantenga la seguridad, aunque no sea la opción más barata», aseveró al tiempo que confirmó que el informe que el Consell encargó hace unos meses, ante los primeros abombamientos de la facahada del Palau, a la empresa Intemac no fue concluyente.

Sin embargo, y aunque las intenciones sean la mejores, sólo será el propio Calatrava como autor del proyecto, el que pueda autorizar el cambio de material o la solución.

La oposición pregunta

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La oposición no obtuvo ayer las respuestas que requería. Desde Esquerra Unida (EUPV) Igancio Blanco aseguró que el cese de actividades en el auditorio, sobre todo la suspensión de la ópera 'Manon Lescaut', tuvo un coste de 623.000 euros. Por ello, insistió en preguntar quién se hará cargo de la indemnización de los daños.

La diputada de Compromís Mònica Oltra requirió la información exacta sobre la empresa subcontratada por la UTE para la instalación del trencadís. Los socialistas, por su parte, solicitaron el informe que la Abogacía de la Generalitat estaba, supuestamente, elaborando, y el popular Vicente Betoret subrayó la «diligencia» con la que se había actuado en este tema.

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