Cae una red que acumuló ocho millones en beneficios por el pirateo de señal televisiva

madrid. La Policía Nacional ha llevado a cabo, en colaboración con Reino Unido, Dinamarca y Europol, la mayor operación europea contra la distribución ilegal de señal por IPTV (Televisión por IP-Internet), en la que han sido arrestadas cinco personas -tres en España- y desmanteladas once 'granjas' de servidores distribuidas por todo el mundo que dieron un beneficio de ocho millones de euros. Además desde 2013 habían desviado más de 1,6 millones a sociedades ubicadas en el extranjero.

La operación ha finalizado con 14 registros simultáneos: ocho en España, en concreto en las provincias de Alicante, Málaga y Madrid; cuatro en Dinamarca y dos en Reino Unido. Los cinco arrestados ya han ingresado en prisión.

Según informó ayer la Dirección General de la Policía, los arrestados están acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra la propiedad intelectual, defraudación al fluido de las telecomunicaciones y blanqueo de capitales. Los enormes beneficios que a lo largo de un lustro les habría proporcionado este negocio ilícito les permitía residir con una vida de lujo en mansiones de la Costa del Sol y conducir vehículos de alta gama, de los que se les requisaron doce.

La investigación comenzó a finales de 2015 tras la denuncia presentada por la 'Premier League' por un presunto delito contra la propiedad intelectual llevado a cabo por una web radicada en Málaga que ofrecía suscripciones de IPTV con acceso a multitud de canales.

Los agentes comprobaron que se trataba de un entramado de gran envergadura que ofrecía suscripciones que permitían ver más de 800 canales, obras audiovisuales protegidas y a un listado de emisoras de radios extranjeras. El precio de las suscripciones oscilaba de los 40 euros mensuales a los 460.

La web denunciada había asociados perfiles en redes sociales para promocionar sus servicios y había una veintena de páginas más, todas con titulares españoles pero con la obligación de pagar las suscripciones a una sociedad gibraltareña. Se determinó que se trataba de un entramado societario y de páginas web coordinado por una organización criminal internacional con ramificaciones en España, Dinamarca, Reino Unido, Letonia, Países Bajos y Chipre.