La inclusión digital es un reto colectivo

La transformación digital solo reducirá desigualdades si se diseña desde las necesidades reales de las personas. Esa es una de las principales conclusiones de la conferencia 'Digitalización: oportunidades y retos para la igualdad social' que acogió CaixaForum Valencia en una nueva sesión del ciclo 'Nuestros derechos en la era digital', organizada por la Fundación 'la Caixa' junto al Observatorio de Derechos Digitales.

CaixaForum València ha acogido la conferencia Digitalización: oportunidades y retos para la igualdad social, una nueva sesión del ciclo Nuestros derechos en la era digital, organizada por la Fundación «la Caixa» junto al Observatorio de Derechos Digitales.

Durante este debate, tres especialistas en el ámbito social y tecnológico: Sandra Gómez, de la Fundación Ferrer i Guàrdia; Guillem Porres, de la Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida; y Mercedes Botija, profesora titular de Trabajo Social de la Universitat de València; han reflexionado sobre cómo las transformaciones digitales impactan en la igualdad de oportunidades y en el acceso efectivo a los derechos de las personas.

La sesión ha sido moderada por Olivia Blanchard, consultora e investigadora especializada en el impacto de la tecnología en la sociedad y directora científica del ciclo. Blanchard ha introducido la sesión explicando que actualmente estamos en la «cuarta revolución industrial, una era en la que el uso de internet y de dispositivos móviles emergentes se ha disparado, y el uso de aplicaciones basadas en la Inteligencia Artificial (IA) se ha ido extendiendo en todos los ámbitos de nuestra vida personal y de nuestras sociedades». Según la experta «el uso de estas herramientas nos aporta importantes ventajas, pero al mismo tiempo, la forma en que se diseñan y usan plantean retos de carácter ético, social y legal». Por esta razón, continuaba la moderadora, «pondremos el foco en la relación entre la digitalización y la igualdad social, teniendo en cuenta que la pandemia de la COVID-19 impulsó la digitalización de la sociedad y la economía a la vez que destapó múltiples brechas digitales». Blanchard también ha subrayado que el debate pretendía dar respuesta a cómo impacta esta digitalización en la igualdad social y en nuestros derechos cinco años más tarde, y como podemos evitar que se amplíen estas brechas socio-digitales.

Como marco para el debate, Blanchard ha expuesto algunos datos que ilustran la magnitud de las brechas digitales en España: «Antes de la pandemia, un 20 % de los hogares no disponía de ordenador, y ese porcentaje ascendía al 42 % en los hogares con ingresos inferiores a 900 euros. Las diferencias también eran notables entre territorios —del 12 % de los hogares en Madrid no tenían acceso a un ordenador, frente al 27 % en algunas ciudades en Galicia— y entre centros educativos: durante la COVID, el 62 % del alumnado de colegios públicos tuvo clases por videollamada, frente al 84 % en los concertados, y un 14 % de los niños siguió las clases a través del móvil.»

En su intervención, Sandra Gómez ha explicado que el concepto de brecha digital ha evolucionado y que hoy es más preciso hablar de brechas digitales, en plural, porque afectan a distintas dimensiones: el acceso, el uso y el aprovechamiento de la tecnología.

«Ya no se trata solo de tener un dispositivo o conexión a internet, sino de la calidad de ese acceso y de las capacidades necesarias para beneficiarse realmente de la digitalización», ha señalado. La experta ha subrayado que «las desigualdades digitales son, en realidad, desigualdades sociales trasladadas al entorno tecnológico».

Según Gómez, las personas con menos recursos económicos, menor nivel educativo o mayores edades son las más afectadas por los procesos de exclusión digital, lo que «reproduce los patrones estructurales de desigualdad». La experta también ha conectado los datos que la moderadora ha expuesto en su introducción con los resultados de sus estudios en la Fundación Ferrer i Guàrdia, que muestran cómo la falta de dispositivos o de conexión estable tiene un impacto directo en la educación, la empleabilidad y la participación social de los hogares con menos recursos.

Por su parte, Guillem Porres ha recordado que la alfabetización digital sigue siendo una necesidad básica. Desde el Observatorio de las Brechas Digitales de la Fundación Esplai coordina una red de más de 2.300 centros de competencias digitales en toda España, muchos de ellos en zonas rurales. Estos espacios —ha explicado— «han pasado de ser simples puntos de acceso a internet a convertirse en auténticos centros comunitarios donde se ofrece formación, acompañamiento y mentoría digital».

Durante la pandemia, estos centros demostraron ser «servicios esenciales para la ciudadanía», ayudando a realizar trámites básicos como matriculaciones escolares, solicitudes de ayudas o acceso a la administración electrónica. «El acompañamiento humano sigue siendo fundamental —ha destacado Porres—. No basta con ofrecer tecnología; hay que ofrecer también confianza, orientación y cercanía».

En su intervención, Mercedes Botija ha abordado un tipo de exclusión menos visible: la de las personas en situación de sinhogarismo. Desde la Cátedra Interuniversitaria del Sistema Público de Servicios Sociales, la profesora lidera un estudio que analiza el acceso y uso de las tecnologías por parte de este colectivo en la ciudad de València. «Las personas sin hogar son el ejemplo más claro de cómo las desigualdades analógicas y digitales se entrelazan», ha afirmado.

Botija ha explicado que existen múltiples formas de sinhogarismo —desde quienes duermen en la calle hasta quienes residen temporalmente en albergues o infraviviendas—, pero en todos los casos «la falta de acceso digital supone una barrera adicional para la inclusión social y el ejercicio de los derechos».

La moderadora, Olivia Blanchard, ha recordado que este ciclo busca acercar al público la Carta de Derechos Digitales, promovida por el Gobierno de España, y reflexionar sobre cómo garantizar que «nadie quede atrás en la transformación tecnológica». Y ha añadido: «La digitalización puede ser una oportunidad para la igualdad, pero solo si se acompaña de políticas públicas que reduzcan las brechas y promuevan la participación de todos los colectivos».

En este sentido, Botija ha aportado algunos datos de interés que han extraído de un estudio realizado desde la Universidad de València sobre el sinhogarismo y ha recordado que si bien el 90% de las personas encuestadas tenían móviles, también reconocían tener dificultades en muchos de los trámites y la mayoría no tenía acceso a ellos. «La digitalización afecta negativamente sobre todo a los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, que además son los que tienen más necesidad de acceso a las ayudas de la administración pública y del tercer sector».

Para Botija, lo que está ocurriendo en la digitalización de la sociedad es la llamada «paradoja de la equidad», los que más necesitan son los que menos tienen y ha recordado que «tenemos que ser conscientes en todo lo que hagamos en los entornos digitales para no dejar fuera a los que no contabilizamos en nuestras encuestas, porque no tienen acceso a internet».

Por su lado, Porres ha abogado a la tercera edad, y ha recordado que el colectivo de mayores «tienen una mayor inseguridad en todo el tema de trámites y tienen miedo a estafas y manipulaciones». Para este técnico, es un colectivo «expuesto a ciber-crimen y a la soledad no deseada, que es la soledad que se siente en entornos digitales».

De la misma manera, los expertos subrayaron la importancia de mantener canales presenciales y asistidos para trámites críticos (sanidad, educación, prestaciones), de modo que la digitalización no excluya a quienes carecen de competencias, conectividad o dispositivos adecuados.

En este sentido, Gómez ha apuntado un estudio sobre digitalización revela que el 20% de la población española necesita ayuda siempre que tiene que realizar un trámite con la administración y cerca del 90% de las personas que se encuentran con algún problema en los trámites recurren a su entorno familiar o social. Además, solo un 2% recurre a un servicio público, lo que revela que la administración pública no ejerce como acompañante de estas personas, lo que crea una gran desigualdad entre los colectivos más desfavorecidos.

Por otro lado, en cuanto a competencias avanzadas y acompañamiento comunitario, los expertos remarcaron que además de la alfabetización básica, se destacó la urgencia de competencias intermedias y avanzadas (identidad y firma digital, ciberseguridad práctica, uso crítico de IA generativa) y de modelos de mentoría de proximidad para colectivos vulnerables.

Como cierre, los expertos han destacado la responsabilidad de la administración pública en el acompañamiento de los colectivos más desfavorecidos y la necesidad de invertir en la figura de los coordinadores digitales, que son los responsables de formar al profesorado en educación y a los técnicos de los servicios sociales para que puedan tener herramientas y recursos para afrontar una transformación digital responsable y equitativa.

Asimismo, los conferenciantes concretaron que la transformación digital solo reducirá desigualdades si se diseña desde las necesidades reales de las personas, bajo una regulación eficaz, una inversión sostenida en inclusión y una evaluación continua del impacto social de las herramientas tecnológicas.

Con todo, los expertos reclaman que Internet se convierta en un bien público, que nos ayude a caminar hacia una sociedad más justa y equitativa.

Los derechos digitales son la extensión al entorno digital o virtual de los derechos ya reconocidos en el ámbito físico o presencial. Garantizan que principios fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a internet o la igualdad y no discriminación sean protegidos en la era digital con la misma eficacia que en el mundo físico. Su objetivo es adaptar los derechos existentes a los desafíos tecnológicos, asegurando su cumplimiento y fortaleciendo la democracia en la transformación digital.

En este contexto nace el Observatorio de Derechos Digitales (ODD), iniciativa público-privada impulsada por Red.es -entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública- en colaboración con 19 entidades -entre ellas, la Fundación »la Caixa»- del ámbito tecnológico, académico y social, comprometidas con un desarrollo digital justo, inclusivo y responsable. El ODD surge como respuesta estructurada a los desafíos éticos, normativos y sociales que plantea la digitalización con el objetivo de difundir la existencia de los derechos digitales, además de concienciar e impulsar la implementación de la Carta de Derechos Digitales aprobada por el Gobierno de España en 2021.

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