Los agricultores reclaman la reparación de infraestructuras y ayudas al sector en las Riberas

La Unió de Llauradors solicita una serie de medidas para paliar las pérdidas que la gota fría (lluvia, pedrisco y viento) ocasionó la pasada semana en el sector agrario de algunas zonas de la Comunitat Valenciana, fundamentalmente en las comarcas de la Ribera Alta y Ribera Baixa.

Las propuestas que reclama la organización se dirigen a todas las administraciones y urgen a buscar el consenso entre todas ellas para que las medidas que se tomen sean efectivas y diligentes. El sindicato agrario cree que las pérdidas directas por incidencia del pedrisco son superiores ya a los 10 millones de euros y habrá que ver la evolución de los cultivos para valorar los daños definitivos tras el encharcamiento de los campos o a cuánto asciende la magnitud de la incidencia en las infraestructuras agrarias.

A la Generalitat Valenciana le demanda un paquete de ayudas para reparar infraestructuras y daños en explotaciones agrarias y también ayuda para la compra o reparto gratuito de productos fungicidas. En este aspecto, para agilizar la misma propone que el agricultor lo compre ya y presente la factura para que se le reintegre el importe.

Para el Gobierno del Estado, La Unió insta a que conceda ayudas a los ayuntamientos afectados para reparar las infraestructuras agrarias dañadas: caminos agrícolas, sistemas de riego, invernaderos, etc. También pide préstamos a interés cero para las personas agricultoras y ganaderas afectadas o indemnizaciones para hacer frente a los gastos de campaña con objeto de tener ingresos para afrontar las nuevas cosechas.

En el apartado fiscal y de Seguridad Social demanda la exención del 50% de las cuotas de la Seguridad Social durante seis meses, la reducción de los módulos fiscales de cara a la próxima campaña de la renta en las explotaciones afectadas y compensar a los ayuntamientos que apliquen la exención del pago del IBI rústico y de los bienes afectos a la actividad agraria.

En este último aspecto conmina a los Ayuntamiento afectados a la exención del pago del IBI rústico y de los bienes afectos a la actividad agraria, así como agilidad en la reparación de las infraestructuras agrarias de su competencia para evitar problemas a la hora de acceder a las explotaciones.